Postergan sin fecha el juicio a la Corte

El bloque PJ de Diputados postergó a último momento el debate interno por el juicio político a la Corte, previsto para anoche. Oficialmente, se adujo que la prioridad era destrabar la modificación de la ley de «subversión económica» y, en consecuencia, no había margen para distraerse en aquella discusión de la cual nunca iba a salir un pronunciamiento uniforme. «Los tiempos del Congreso no los manejan Elisa Carrió o Luis Zamora», masculló Humberto Roggero delante de los movileros, cuando justificó la suspensión. No resultó demasiado convincente.

En privado, los caciques del justicialismo llegaron a la conclusión de que no resultaba un momento propicio para ventilar esta polémica y acordaron desactivar, una vez más, el anunciado conciliábulo. Mientras Eduardo Duhalde intenta conseguir auxilio en Italia, no hubiera sido auspicioso levantar el conflicto con el máximo tribunal y ponerlo en la tapa de los diarios de hoy, algo que terminaría de esfumar la imagen de estabilidad institucional que pretende vender el gobierno en el exterior. Roggero y sus amigos tampoco querían dejar al desnudo los antagonismos que desató este tema entre facciones de la misma bancada que tornaban imposible una postura común.

Los miembros de la Corte, en cambio, sí trataron ayer el proceso que les sustancian los diputados. Analizaron un nuevo pedido de juicio político que les notificó el lunes la comisión de la Cámara baja por supuesto prevaricato en el caso Fayt. Se trata de la declaración de inconstitucional de una cláusula de la Carta Magna reformada en 1994 que obligaba a los magistrados a rendir examen en la Comisión de Acuerdos del Senado al cumplir 75 años, edad que ya había alcanzado el octogenario Carlos Fayt. Están imputados Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio.

Este caso figura en el proceso en marcha, si bien se les adjudicaba a los jueces mal desempeño y no un delito, como en esta ocasión. Llamativamente, al poner en tela de juicio el mismo hecho, los legisladores vulnerarían el principio de «non bis in idem» (no se puede juzgar dos veces por la misma circunstancia). Les pareció anormal a los ministros que las citaciones a comparecer la semana que viene llegaran acompañadas por un acta de la comisión confeccionada a mano alzada y en ausencia de la mayoría de los miembros de Juicio Político. Había 14 sobre 31 integrantes.

Lo más insólito es que ese documento corresponde a una cita del 25 de abril. Es decir que tardaron casi un mes en dar a conocer esta nueva acusación para que, aun cuando cayera el enjuiciamiento en gestación, quedara una causa pendiente. Al concluir la habitual ronda de los martes, Boggiano anunció a sus colegas que ni siquiera responderá a esta sorpresiva demanda, en tanto que Vázquez derivó el material a su abogado.

Para la postergación de la discusión en el bloque PJ también había una excusa formal que, dicho sea de paso, pone al descubierto la endeblez del proceso de enjuiciamiento: el grueso de los legisladores desconocía hasta ayer los fundamentos del dictamen de acusación que fogonearon el santacruceño Sergio Acevedo -alentado por su jefe político, Néstor Kirchner-y Elisa Carrió.

•Argumentos secretos

Sólo se dio a publicidad el proyecto de resolución condenatorio y con mayoría de firmas, pero permanecían casi en secreto los argumentos. En la víspera, el tucumano Ricardo Falú -que acompañó a Acevedo y al ex cavallista Guillermo Johnson en la firma del despacho, aunque no se había resuelto el destino del juicio político en el peronismoaseguró que había mil fojas con fundamentos. Por supuesto, esta situación fue el pretexto ideal para posponer la tenida: salvo los miembros de la comisión, nadie conocía el fondo de la cuestión y, por lo tanto, el debate no tenía sentido, según la mesa de conducción del bloque.

Por si fuera poco, el dictamen de acusación aún no fue mandado a imprimir -precisamente, por la ausencia de la parte argumental-y no podrá cumplir con los plazos reglamentarios para que baje a la sesión la semana que viene (con suerte, cumplirá los requisitos en 3 semanas). Esta sería, a criterio de Acevedo y compañía, una muestra de que el duhaldismo, vía Eduardo Camaño, quiere frenar el trámite hacia el cadalso de los 9 jueces. El presidente de la Cámara baja es el responsable de hacer imprimir los dictámenes de comisión para que tengan orden del día y así queden en condición de ser tratados en el recinto.