Izquierda Unida, con su socio el Partido Comunista, lanzó una campaña en defensa de los hasta ahora 4.000 «luchadores» (así los llaman a los piqueteros) procesados en todo el país por cortes en la vía pública y desmanes. Esta campaña se ha dado en llamar Autoconvocados contra la Criminalización y por la Amnistía, y pretende ser un espacio político en el que dicen que confluyen diputados, dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos. Anticipan que ésta será la bandera que servirá de excusa para seguir movilizados. Y apuestan a que esa gimnasia prerrevolucionaria se traduzca en votos, ausentes hasta ahora fuera del ámbito de la Capital Federal y algunos centros urbanos. Por eso sostienen que «luchar no es delito», como se publicó en el órgano partidario del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
En todos lados hay procesados por luchar. En la última reunión de Autoconvocados participó un dirigente del SUTEBA Bahía Blanca y dijo que en esa ciudad hay 170. Otro compañero de Caleta Olivia señaló que allí hay 130. En Neuquén hay más de 500. Y así en cada provincia o ciudad importante. ¿Por qué los persiguen? Simplemente por el «delito» de haber enfrentado, especialmente desde que empezó el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo, los sucesivos modelos de hambre, saqueo y desocupación. Luchas que no sólo fueron y son justas, sino imprescindibles, porque si no se hubiesen dado, usted compañero lector, yo y millones, estaríamos mucho peor. Porque los gobiernos hubieran avanzado hasta llevarnos a más sufrimientos y privaciones. Es por eso que entre los procesados hay docentes, ferroviarios, estatales, petroleros, estudiantes y desocupados (que antes tenían trabajo genuino).
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El gobierno de Kirchner repitedía a día que está contra la «vieja política» de Menem y los gobiernos anteriores. Pero hasta ahora se ha negado a amnistiar a aquellos que encabezaron reclamos precisamente contra el neoliberalismo. Dice defender los derechos humanos pero va a dejar que la Justicia « actúe» contra los que luchan. Pero si el propio Presidente dijo que no va a reprimir con esta Policía de «gatillo fácil», tampoco puede ordenarle a los mismos jueces puestos a dedo por Menem y De la Rúa que se larguen a cazar trabajadores o desocupados como si fueran brujas. ¡Ninguna autoridad tiene esta Justicia para investigar y menos juzgar las medidas que los necesitados debaten y resuelven para poder sobrevivir! Si la Justicia «actúa», lo hará como siempre contra los que defienden su dignidad, nunca contra los banqueros, empresarios vaciadores y políticos corruptos que siguen en libertad gozando de los millones que le robaron al pueblo.
Por eso repudiamos que se estén reactivando viejas causas judiciales, muchas de las cuales estaban para prescribir, como por ejemplo, la radicaba en Neuquén por los hechos del primer Cutralcazo ocurridos en 1997.
Con ello intentan hacer un «juicio político» a los que reclaman mediante una campaña pública que pretende tirarles la población en contra a quienes reclaman dignamente por comida, trabajo y salario para dejar de ser pobres.
Es doblemente repudiable lo que hace el gobierno ya que desde su gestión la desigualdad entre ricos y pobres creció a 50 veces, redujo 250.000 planes Jefas y Jefes de Hogar, reeditó la «ley Banelco» y sigue subsidiando al FMI y las privatizadas con pagos puntuales. Kirchner no solucionó ninguno de los problemas sociales de fondo y encima quiere mandar a los tribunales a los que reclaman. No lo podemos permitir.
• Lo podemos lograr
Para impedirlo hay que lograr una gran campaña nacional de difusión y concientización masiva. El propio juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, ha dicho que «reclamar lo que es justo no es delito». La razón está de nuestro lado. Por eso fue muy importante haber logrado la más amplia unidad entre todos los sectores políticos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos que defiendan el derecho democrático a la protesta social como estamos haciendo desde Autoconvocados, espacio que debemos impulsar en todos lados.
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