El Gobierno evalúa en estricta reserva la conveniencia de convocar a una consulta popular simultánea con los comicios legislativos del 14 de octubre, en la que se requeriría la opinión sobre la necesidad de que se concrete en el país un fuerte recorte a los gastos de la política.
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Funcionarios de la primera línea del Gobierno vienen articulando la idea y dan prácticamente por descontado que el presidente Fernando de la Rúa terminará respaldándola "a más tardar en los próximos diez días", según confió hoy a la agencia Noticias Argentinas una fuente oficial.
Los funcionarios que trabajan en el tema están compilando sondeos de opinión, consultas técnico-jurídicas y puntos de vista políticos, que presentarán a De la Rúa para que tome la decisión final, dijo la fuente a NA.
La "oportunidad" proyectada por los mentores de la consulta popular para el 14 de octubre está basada en el hecho de que este mecanismo bien podría servir de "bálsamo" frente a un eventual resultado adverso del oficialismo en la elección.
La certeza de que la población se inclinará masivamente a favor de que se introduzca el bisturí a fondo para operar sobre los fondos de la política lleva a pensar a algunos funcionarios que equilibrará la balanza del saldo electoral negativo que cosecharía la Alianza.
Y en la sumatoria de elementos de juicio para potenciar el llamado a la consulta, los hombres del Gobierno que están convencidos de su conveniencia le apuntarán a De la Rúa el saldo de la compulsa que concretó en Córdoba el gobernador José Manuel de la Sota.
De la Sota se anticipó al Gobierno nacional y redondeó el mes pasado una consulta en la que la mayoría de los cordobeses se inclinó por la unificación de Cámaras en la Legislatura provincial, en función de provocar ahorro de fondos de la política.
Respecto de los escollos legales existentes para que se pueda llamar a una consulta, los estudiosos sostienen que bastaría un decreto de necesidad y urgencia para que De la Rúa pueda imponerla.
Esta imposición estaría basada en las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, sorteándose así el impedimento de que se concrete una consulta popular al mismo tiempo que una elección.
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