Presupuesto 2002, rehén del pacto con provincias

La Cámara de Diputados intentará sancionar hoy el proyecto de presupuesto nacional para 2002. Pero el éxito de la sesión dependerá de la negociación entre la Nación y las provincias. Recién hoy por la mañana se reunirán los bloques del PJ y la UCR para decidir la forma en que se realizará la sesión y definir los últimos cambios al proyecto. Un rato después se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria, donde todos los bloques armaran la sesión que debería comenzar por la tarde.

Para que se concrete la sesión y el justicialismo pueda cumplir con los requerimientos del Ejecutivo aún resta solucionar varios diferendos, incluyendo lo relacionado con la pesificación de las deudas provinciales y otros reclamos planteados tanto por oficialistas como por opositores.

Las erogaciones contempladas en el presupuesto surgen de sumar 4.083 millones de la administración gubernamental, 3.382 de servicios de defensa y seguridad, 30.303 de servicios sociales, 2.056 de servicios económicos y 5.594 de pago de deuda pública, lo que suma 45.818 millones, de los que corresponde descontar 2.973 millones en concepto de economías a realizarse.

•Cambios

El presupuesto, a considerarse a partir de las 16, de acuerdo con la convocatoria realizada, refleja, entre los cambios que fueron introducidos, la eliminación de una serie de delegación de facultades en favor del jefe del Gabinete de Ministros, las que habían sido incluidas en el proyecto original enviado por el Ejecutivo. También contempla la suba de 0,9 de punto porcentual en los aportes patronales.

Mediante el artículo sexto se da instrucciones al PEN para que reestructure la deuda pública y lo faculta a no pagar la misma hasta no llegarse a un acuerdo de renegociación con los acreedores, pero se permite la emisión de LETES para mantener el stock de las mismas existente al 31 de diciembre de 2001 y de otros bonos por $ 1.476 millones.

Un cambio importante introducido en el dictamen surge de la incorporación del artículo noveno por el cual se obliga al PEN a remitir al Parlamento un proyecto de ley que cuantifique la licuación de deudas de empresas producto de la pesificación, por el cual se autorizará el endeudamiento correspondiente a socorrer al sistema financiero sin alterar lo establecido en los montos de las aplicaciones financieras. Este artículo fue introducido a instancias de varios diputados que cuestionaron la pesificación de los pasivos en divisas extranjeras por parte de las empresas, en particular por la renunciante Beatriz Nofal, quien, incluso, se opuso frontalmente a conceder ese beneficio a los deudores por más de un millón de dólares estadounidenses.