El Barrio Chino «deluxe» -sector rebelde del bloque peronista que está incrementando su oposición al gobierno-tuvo en la sesión del miércoles su primera victoria concreta. Durante la votación del marco regulatorio para la venta y distribución de garrafas, los revoltosos se sumaron a una propuesta del socialista Héctor Polino y consiguieron cambiar uno de los artículos más importantes del proyecto: el que fijaba la propiedad de las garrafas en manos de las empresas vendedoras y no de los usuarios, como es en la actualidad. En el medio un kirchnerista, Ricardo Falú, también desobedeció a la Casa Rosada aprovechando para pasar facturas por los disgustos que soporta al haber impulsado el juicio político a Antonio Boggiano cuando en el gobierno querían frenarlo. La cláusula sobre la propiedad de las garrafas había sido redactada por el gobierno, en la Secretaría de Energía, y era el puntal del acuerdo con las petroleras a cambio de que éstas aceptaran la fijación de un precio de referencia por parte del gobierno.
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Más allá de las cuestiones técnicas, nunca se había producido una votación durante el gobierno de Néstor Kirchner donde el peronismo tuviera que aceptar un cambio a un proyecto marcado por el gobierno, para no perder la votación.
Polino se encontraba en soledad sosteniendo, al igual que la radical chaqueña Liliana Bayonzo, la necesidad de mantener la propiedad de las garrafas en los usuarios para permitir la libre elección y con ello la supervivencia de las cooperativas menores. Más allá de las cualidades personales de esos diputados, no parecía una fuerza suficiente para atacar con eficacia al gobierno.
Se le sumó, entonces, Claudio Lozano, que afirmó: «Señor presidente: el último párrafo del artículo 14 permite a los fraccionadores apropiarse fácilmente de las garrafas que están en posesión de los usuarios, dado que éstos difícilmente tengan en su poder documentación que respalde su pertenencia». Estaba claro ya que no era un grupo que pudiera simpatizar con las pretensiones del oficialismo.
Pero un minuto después, el peronista santafesino Oscar Lamberto, uno de los rebeldes, se acercó a la banca de Polino: «Te voy a apoyar en esto», le dijo, e inmediatamente pidió la palabra: «Apoyo la propuesta del señor diputado Polino. No sé si el texto que leyó el señor diputado Lozano es en el mismo sentido, pero creo que ésta es una vieja disputa que existe en el mercado de las garrafas. La aspiración más grande de las empresas monopólicas es quedarse con todo el mercado, eliminando la competencia con el solo expediente de apropiarse de las garrafas», sentenció.
Las garrafas se convertían así en la base de oposición al gobierno que quería avanzar con la regulación del GLP y calmar las protestas populares por el altísimo precio de las garrafas, al tiempo que no perjudicaba a las grandes empresas del sector.
Después de eso comenzaron a sumarse uno tras otro los peronistas a la propuesta de Polino, que no podía creer lo que veía. Veinte minutos antes la discusión era sólo una pelea quijotesca sin futuro y ahora podía ganar.
Detrás de los «Barrio Chino», como Humberto Roggero o Juan José Alvarez se sumó el radicalismo -con Horacio Pernasetti y Luis Molinari Romero-, el ARI -con Eduardo Macaluse- y hasta el kirchnerista Ricardo Falú, cobrándole facturas al gobierno.
El peronista chaqueño Rafael González y el salteño Juan Manuel Urtubey hicieron un último esfuerzo por ordenar la desbandada. Eduardo Camaño se dio cuenta de lo que estaba pasando y con dar un vistazo al recinto entendió que la votación se perdía. Jesús Blanco, duhaldista presidente de la Comisión de Energía, tuvo entonces la última palabra: «Se aceptan las modificaciones». Los sublevados aplaudían y se abrazaban como si hubieran protagonizado una revolución exitosa.
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