Procesaron a la ex cúpula de Gendarmería

El ex comandante general de Gendarmería Nacional, Timar Musumeci, una veintena de ex altos oficiales de esa fuerza de seguridad y funcionarios del Ministerio del Interior durante la gestión menemista fueron procesados por delitos que tienen penas que llegan hasta los seis años de prisión, informaron fuentes judiciales.

La medida la adoptó el juez federal Sergio Torres, quien imputó a los ex oficiales de varias irregularidades en contrataciones directas, realizadas hace más de diez años, para la adquisición de diversos elementos que van desde una embarcación con trailer valuada en alrededor de 200.000 dólares hasta gabardina para la confección de chaquetillas, uniformes y birretes para esa fuerza de seguridad.

La figura indicada por Torres está descripta en el artículo 265 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de uno a seis años al "funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

En una resolución de 54 carillas, el juez dictó los procesamientos, sin prisión preventiva y con embargos que llegan hasta los 270.000 pesos de Musumeci, Juan Cuello, René Prados, Osvaldo Nieto, Eduardo de Juana, Pedro Álvarez, Jorge Vázquez, Luis Reales y Luis Horvath, entre otros.

La medida alcanzó, además, a Emilio Sacchitella, Mario Zurlo, Héctor Blason, Juan Argañaras, Pedro Lazo, Miguel Natarelli, Luis Garin, Diego Jesús Ortiz, David Vargas, Julio Yebrin, Edgardo Lopardo, José Viana, Alfredo Martínez, Raúl Madrid, Ramón Torres, Luis Sosa y Guillermo Rodríguez, imputados de ser "coautores" del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".

La causa se inició hace poco menos de ocho años (el 7 de noviembre de 2001) por denuncia del entonces Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), Manuel Garrido, quien aludió al "irregular e infundado recurso a las excepciones previstas por la ley, utilizadas como vía para efectuar contrataciones directas" no autorizadas por la normativa vigente.

La actuación judicial tuvo como antecedente un informe de la Auditoría General de la Nación "sobre la actuación de Gendarmería Nacional, en el que se resaltaron numerosas irregularidades en contrataciones directas llevadas a cabo entre 1997 y 2000", recordó Torres en la resolución.

Garrido advirtió entonces -y el juez lo recogió en su resolución- un "posible tratamiento preferencial a determinadas empresas beneficiadas en las contrataciones analizadas y la posibilidad que ello conllevara de un perjuicio a la administración pública".

Entre las contrataciones bajo la mirada de la justicia está la adquisición de una "embarcación con trailer marca FASTER, modelo 1070", requerida por el entonces director de Logística, comandante Cuello, y valuada en 192.000 dólares norteamericanos.

También se objetó la compra, siempre bajo el sistema de adquisición directa, de "diez mil metros de tela de gabardina para la confección de chaquetillas del uniforme diario del personal de la fuerza" por un valor de 248.000 pesos, y de cinco mil uniformes (birrete, corbata y pantalones) por 670.000 pesos.

"Las irregularidades en la tramitación de los expedientes tienen relación con que no existía la urgencia necesaria o no se había realizado un estudio de mercado que avalara el motivo de la exclusividad alegada, que permitiera comparar precios y calidades", afirmó el juez.

En octubre de 2007 los imputados habían sido sobreseídos por entenderse que "las contrataciones no habían superado en modo alguno aquellos máximos que, en forma de testigo, estableciera la Sindicatura General de la Nación", pero en octubre de 2008 la Cámara Federal revocó esa resolución, dictó la "falta de mérito" de los gendarmes y sugirió nuevas medidas para avanzar en la pesquisa.

"Teniendo en cuenta las nuevas probanzas colectadas en el legajo... corresponde decir que se ha conformado un nuevo cuadro de situación que me ha permitido... tener por acreditada la materialidad de los hechos evaluados", sostuvo el magistrado.

El juez concluyó que "surge diáfanamente" de las nuevas pruebas que los procesados tenían "el conocimiento necesario de su calidad de funcionario público, de los deberes y obligaciones que de tal carácter emergían y de las implicancias de las operaciones en las que activamente participaban, como la voluntad para llevarlas adelante no obstante su ilicitud".