Prohíben entrega de planes Trabajar a 12 entidades por fraude político

Reaccionó bien el gobierno ayer frente a la infinidad de manipulaciones que se detectaron en la asignación de los planes Trabajar. Se suspendió a 12 organizaciones que intermediaban la asignación de esos beneficios con criterios comerciales o políticos. Entre esos grupos suspendidos estuvo la asociación Teresa Rodríguez. La semana pasada sus miembros habían ocupado el Ministerio de Trabajo bonaerense y la sucursal Florencio Varela del Banco Provincia. También se les quitó el manejo de esos planes a una biblioteca popular que maneja el cura Luis Farinello y a la Corriente Clasista y Combativa del "Perro" Santillán. No son novedades que se trafica con ayudas a los desocupados. Pero es auspicioso que el gobierno. Todavía falta mucho: 10% de los Trabajar está en manos de los organizadores de cortes de ruta y de Franja Morada, que los maneja en la Universidad de Buenos Aires (son programas de la Ciudad). Ahora se descubren mecanismos de extorsión que los cabecillas de estas organizaciones han aplicado a los desocupados (con medio juez Urso serían hace tiempo asociaciones ilícitas). Para renovarles el plan Trabajar se les toma asistencia en las protestas y cortes de ruta. Hasta se fijó un puntaje para recibir esa ayuda. Ir a un corte vale 20 puntos y participar de una asamblea, 5. Con esta firmeza el gobierno recupera imagen y se comienza a ver a Patricia Bullrich como una pieza destacada. Combate bien estas malformaciones (tiene querellados penalmente a los traficantes de planes) y se atreve con el enriquecimiento de los sindicalistas, pidiéndoles declaraciones juradas. Es bastante para un gobierno que usó los planes Trabajar para levantar piquetes o detener protestas y que, ahora, paga caras esas concesiones.

El gobierno les canceló ayer los planes Trabajar a 12 organizaciones de piqueteros por irregularidades en la entrega de esas ayudas, que incluían en la mayoría de los casos «una metodología generalizada de presión» hacia los desocupados, algo que este diario había anticipado la semana pasada. A través de una auditoría realizada sobre 126 proyectos de empleo temporario, el Ministerio de Trabajo detectó distintas violaciones a la ley en 49 de ellos, que van desde beneficiarios inexistentes con domicilios inexistentes, hasta la aplicación de un «puntaje» y un «ranking» para la entrega de los planes a cambio de apoyo político. Se advirtió que en algunos casos los beneficiarios son obligados a pagar una cuota mensual y a concurrir a los piquetes.

Las organizaciones sancionadas, que incluyen a la Asociación Teresa Rodríguez -la misma que la semana pasada ocupó con un grupo enmascarado una sucursal del Banco Provincia en Florencio Varela e hizo algo similar en el Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata-y a grupos adheridos a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Tucumán, no podrán recibir más planes Trabajar para distribuir, y las que hayan cometido delitos -como por ejemplo quedarse con el monto de los planes que debían distribuir- serán denunciadas a la Justicia.

Además de la Asociación Teresa Rodríguez, también se canceló su personería a un desprendimiento de ésta, la Asociación Unidos y Solidarios; y a la Asociación Civil, Cultural y Biblioteca Popular Horizonte que, según la cartera de Trabajo, «responde al padre Luis Farinello».

• Nuevo sistema

Patricia Bullrich anunció que se aplicará un nuevo sistema para otorgar beneficios a desocupados. Por ello, de ahora en más, ninguna asociación con menos de un año de experiencia en el trabajo social con desocupados podrá recibir esos beneficios para ser distribuidos.

La funcionaria aclaró que en el caso de las entidades sancionadas se «garantiza la continuidad del beneficio al desocupado en la medida en que se compruebe que entra en las pautas que el ministerio fija». Tras anunciar las sanciones, la ministra advirtió que no se busca castigar a «personas» -tal como se anticipó-, sino a las «organizaciones» que violan la ley.

Para recibir la ayuda deben ser desocupados y tendrán prioridad si se trata de jefes o jefas de hogar en situación de extrema pobreza. Las sanciones a las organizaciones de piqueteros se resolvieron en base a un informe de la cartera laboral realizado por unos 485 auditores entre el martes y el miércoles pasados, cuando grupos de piqueteros realizaron una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y puentes.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo advirtió que los auditores de esa cartera no pudieron realizar tareas de control ni en el partido bonaerense de La Matanza -donde se desarrolló el piquete más importante, liderado por el concejal local electo por el Frepaso, Luis D'Elía, el mismo que criticó duramente no sólo a los dirigentes del grupo Teresa Rodríguez, sino también al jefe montonero Mario Firmenich-, ni en la localidad de Monte Chingolo, en el partido bonaerense de Lanús, porque no estaban dadas las «condiciones de seguridad» necesarias.

Bullrich indicó que algunas organizaciones sancionadas entregaban planes Trabajar «en base al grado de adhesión que los beneficiarios muestran hacia la organización». Denunció que los líderes piqueteros obligaban en algunos casos a los desocupados a realizar un «aporte económico» a cambio de los programas de empleo temporario de $ 120 por mes. Incluso la ministra citó un caso de «una mujer que denuncia por una cuestión física no estar en condiciones de acercarse a los piquetes y que al no poder llegar a ellos por problemas en sus piernas había sido sacada de la lista de los programas de empleo».

«No queremos que se creen asociaciones civiles con nuevos nombres que intenten realizar las mismas metodologías», advirtió Bullrich, informada de que en el grupo Teresa Rodríguez buscarían enmascarar futuras acciones anunciando desprendimientos y cambios de nombres.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo brindó un listado de organizaciones que cumplen con todas las normas vigentes como Caritas, el Obispado de Lomas de Zamora, Asociación de Desocupados de Perico (Jujuy), Asociación de Desocupados de La Quiaca (Jujuy) o la Municipalidad del Neuquén, entre otras.

Por su lado D'Elía, levantando una bandera electoral, denunció que existe «una gravísima persecución en todo el país contra los dirigentes sociales, hay más de 100 detenidos y 1.800 procesados». Este concejal, que aspira a ser candidato a diputado nacional por el Polo Social del cura Farinello, reiteró su demanda de una «inmediata derogación de la ley del ajuste».

Sonó amenazador cuando advirtió a Bullrich que «no es el mejor momento político» para que adopte medidas contra las organizaciones de piqueteros.