Proponen dismunir gasto político: menos cargos y sueldos mas bajos

Ayer, en paralelo, el bonaerense Carlos Ruckauf y el sanjuanino Alfredo Avelín dispararon propuestas para reducir la cantidad de cargos políticos y los sueldos de los funcionarios.

Usaron esquemas distintos: el peronista sugirió montar un «pacto histórico» entre la Nación y las provincias para forzar una reducción de los costos de la política.

El radical cuyano promueve una «reforma política» para llevar los sueldos de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales a valores «adecuados».

El martes, Ruckauf y Avelín mostrarán sus esquemas en una cumbre de los gobernadores con el ministro del Interior, Ramón Mestre, el de Economía, Domingo Cavallo y el Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.

Tendrán un impedimento técnico: según un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, en el país hay 16.508 cargos electivos, y más de 14 mil son municipales.

Es decir, sin involucrar a las comunas -que concentran 90 por ciento de los cargos-en la aventura, el recorte será casi intrascendente.

Una estimación de Rosendo Fraga dice que el pago de sueldos a funcionarios y legisladores es de 2 mil millones de pesos anuales.

Si, como dice Ruckauf, se elimina la «mitad» de los cargos o como propone Avelín se achica 50 por ciento los salarios, se ahorrarían mil millones de pesos por año.

El cálculo de Avelín, que había lanzado esta idea cuando Ricardo López Murphy mostró su impuestazo, cifra una rebaja de entre 600 y 700 millones de pesos por año.

En tanto, el bonaerense quiere apenas tuzar el Congreso nacional donde se concentran sólo 330 cargos electivos, porcentaje ínfimo de la estructura dirigencial.

Al borde de la demagogia, ambos mandatarios coincidieron en el destino del supuesto ahorro: financiar planes de empleo y programas de incentivo a la producción.

Un detalle de Ruckauf. Puso 2003 como fecha límite al «pacto patriótico», justo cuando cambiará de inquilino la quinta presidencial a la que él aspira.

Al margen de esto, el dato cierto es que ambas propuestas no son fáciles. Sirve un antecedente: poco y nada avanzó en los parlamentos provinciales el recorte de gastos.

Por caso, la Cámara de Diputados bonaerense eliminó una «caja negra» de 40 millones pero montó subrepticiamente un sistema similar apenas menos oneroso.

Los operativos «achique» en las legislaturas de Formosa, Tucumán y Santa Fe, entre otras, fueron más serios y sólidos pero no implicaron rebajas sustanciales.

En los hechos, la voluntad oral se diluye apenas asoma la urgencia política. Es una verdad en voz baja que los parlamentos son la usina económica de los partidos.

Lo sabe Mestre, que en las últimas semanas recorrió cuatro provincias difundiendo el borrador de reforma política que empuja el gobierno nacional.

Visitó, excepto en San Luis, a todos los bloques parlamentarios mostrando su evangelio: fijar un tope del gasto político en relación al Producto Bruto Interno de cada provincia.

Algunas deberán dar el ejemplo. En La Pampa, por ejemplo, cada 300 votantes hay un cargo político, índice que no encuentra parangón en ningún punto del planeta.

Otro resultado arrojó el balance nacional: según Fraga, el gasto político representa 2,4 del gasto público total y se encuentra por debajo de la media en países desarrollados.

El gobierno, en tanto, levanta el compromiso que en febrero con Fernando de la Rúa como líder, tomaron todos los legisladores de la Alianza: achicar los costos de la política. Otra deuda pendiente.