Provincia: la victimización y el peligroso endeudamiento

Política

Por Arturo Trinelli - Economía del Bicentenario

La delicada situación económica por la que atraviesa la provincia más grande del país suele adjudicarse a un presunto manejo discrecional de fondos por parte del Gobierno Nacional para perjudicar al Gobernador Daniel Scioli. Sin embargo, y pese a la intención de los medios dominantes de invisibilizar la responsabilidad del Ejecutivo provincial en la discusión, resulta necesario encuadrar la falta de reacción de la dirigencia bonaerense como parte del problema que mantiene en vilo el inicio del ciclo lectivo en la provincia.

La disputa adquiere enormes proporciones porque Buenos Aires tiene la mayor cantidad de docentes de todo el país, que representan un 38% del total de empleados estatales. Desde la Gobernación, se sostiene que la única manera de poder convalidar el aumento que solicitan los gremios docentes, es incrementando los ingresos corrientes de la provincia a través de un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos o recurriendo al endeudamiento externo.

Las dos alternativas tienen sus dificultades y limitaciones. En primer lugar, una rediscusión del sistema de coparticipación vigente requiere de la participación de todas las provincias. A menudo se plantea que es el Gobierno Nacional quien obtura el debate, aunque en realidad ello no es atribuible a ningún actor en particular sino a un incumplible diseño institucional por el cual sólo puede forzarse un cambio si hay acuerdo total de las 24 jurisdicciones involucradas. Si bien sería importante dar esa discusión, imaginar a provincias pobres- y, consecuentemente, más dependientes de esos fondos- cediendo puntos porcentuales de lo que reciben actualmente para compensar los cambios que las más ricas no hicieron a tiempo, resulta altamente improbable e incluso indeseable.

Así y todo, Buenos Aires recibió en lo que va del año $ 6.648 millones por coparticipación y por el Fondo Federal Solidario, lo que representa un incremento del 24% en la comparación interanual. Ello equivale a dos veces y media más de recursos que lo percibido por el segundo y tercer distrito que más se beneficiaron: Santa Fe y Córdoba, dos provincias que- curiosamente- también reclaman mayores fondos y prefieren la victimización a hacerse cargo de las asignaturas pendientes en sus distritos.

Por otro lado, la opción del endeudamiento que se propone desde la Provincia presenta también sus riesgos. En primer lugar, porque revierte en parte los esfuerzos hechos hasta ahora en sentido contrario: la fuerte política de reestructuración y desendeudamiento llevada a cabo por el Gobierno Nacional permitió una significativa disminución de la deuda provincial en relación al PBG, pasando del 20,6% al 9,1%. Se trata de un proceso logrado con el esfuerzo de todos los contribuyentes bonaerenses que, sin embargo, podría alterarse si la gestión gubernamental inicia una espiral de endeudamiento orientada al financiamiento de gastos corrientes y no a un agresivo plan de obra pública, que el año pasado en la provincia se paralizó. En efecto, el Presupuesto 2012 preveía $ 6.500 millones para obras, pero su subejecución determinó restricciones en planes como "Buenos Aires Hogar", que contemplaba la construcción de 480 viviendas en 22 municipios, obras de asfalto o repavimentación, construcción de escuelas, refacciones de hospitales y obras de aguas y cloacas de Aguas Bonaerenses en el interior provincial, principalmente.

Por otro lado, el perfil actual de la deuda provincial requiere de un manejo responsable. Si bien más de un 50% de ella está expresada en pesos, no menos significativo es el porcentaje en moneda extranjera (45% del total), del cual el segmento nominado en dólares es el más importante. Asimismo, conviene destacar que el menor ratio deuda/PBG obedece también al Programa Federal de Desendeudamiento Provincial de 2010, del cual Buenos Aires resultó ser la provincia más beneficiada porque le permitió ahorrar $22.600 millones hasta el 2017.

Hoy Buenos Aires presenta una situación fiscal estructuralmente complicada. Sus causas son múltiples y esta situación necesariamente implica dar un profundo debate político sobre cómo superar estructuras fiscales antiguas que impriman mayor progresividad en la recaudación, incrementando la carga entre sectores con mayor capacidad contributiva.

Sin embargo, ello no debería ser una justificación para dejar de marcar las responsabilidades del Gobernador Scioli, que en muchos años de gestión poco ha hecho en ese sentido. En la última década, la participación de los impuestos sobre el patrimonio en Buenos Aires se redujo a la mitad, pasando de un 25% del total en el 2001, a un 12% en el 2011, mientras que recién el año pasado se forzó un debate respecto al revalúo de los campos que, en territorio provincial, tenían una valuación fiscal casi congelada desde hacía 20 años, cuando sólo desde el 2003 el valor de la tierra aumentó un 570%. Explorar ese tipo de alternativas sería más beneficioso para todos los bonaerenses que continuar intentando deslindar responsabilidades para evitar exponer limitaciones propias. Después de todo, qué impuestos y a quiénes se cobran dan algunos indicios sobre los proyectos políticos a discutir en la Argentina en los próximos años.

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