La Provincia advierte que los bonistas reclaman condiciones que son imposibles de aceptar

Política

A cinco días del cierre del nuevo plazo de negociación de deuda, el Gobierno bonaerense volvió a disparar contra los acreedores. Remarcaron que las condiciones "en nada aportaría a la solución del problema".

A sólo cinco días del cierre del nuevo plazo de negociación de deuda, el Gobierno bonaerense se quejó este domingo porque los acreedores continúan reclamando concesiones "imposibles de aceptar" y que "en nada aportarían a la solución real del problema".

La administración de Axel Kicillof tiene plazo hasta el viernes para intentar arribar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar unos 7.148 millones de dólares de deuda.

"Se han solicitado términos y condiciones que son imposibles de aceptar para la Provincia, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente al cupón promedio de la deuda que se está reestructurando", advirtió el Gobierno bonaerense.

En un comunicado emitido este domingo a la noche, el Ministerio de Economía bonaerense detalló las negociaciones entabladas con los acreedores y los motivos del retraso en alcanzar un convenio definitivo.

"Actualmente, el plazo de la invitación expira el 26 de marzo de 2021. La Provincia y sus asesores han manifestado el deseo de continuar las conversaciones de buena fe con los acreedores para promover una reestructuración de la deuda que contribuya significativamente a estabilizar la situación económica actual, aliviar las limitaciones a medio y largo plazo de la economía de la Provincia creadas por la carga de la deuda y devolver la trayectoria económica de la Provincia al crecimiento a largo plazo", señaló la cartera que conduce Pablo López.

Agregó que "la Provincia ha comunicado con total franqueza cuál es su capacidad de pago genuina. Los acreedores son conscientes de los retos a los que se enfrenta la Provincia y esperamos que ellos reflejen ese entendimiento en sus contrapropuestas".

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Pablo López, ministro de Economía de la Provincia.

Pablo López, ministro de Economía de la Provincia.

"Así, el 20 diciembre de 2019, el gobierno de la PBA inició el proceso de consultas con sus acreedores privados externos con miras a definir medidas tendientes a asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial", indicó.

Consideró que "ya en febrero de 2020 el gobernador anunció que se iniciaba el proceso de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y se avanzó en el proceso de identificación de las principales tenencias".

"La Provincia siempre mostró voluntad de pago dentro de sus posibilidades, como lo demuestra que en los 3 primeros meses de 2020 se hayan cancelado servicios de deuda denominada en moneda extranjera con el sector privado por aproximadamente USD 388 millones, a pesar de enfrentar un mercado internacional cerrado y de la enorme incertidumbre generada por la pandemia", añadió.

Recordó que "la crisis desatada a nivel mundial por el covid-19 aceleró la necesidad de la Provincia de buscar soluciones a largo plazo para la sostenibilidad de su deuda".

"Con esa finalidad, la Provincia dio diversos pasos que posibilitaron formalizar una propuesta concreta a los tenedores de deuda bajo legislación extranjera el 24 de abril de 2020, que incorporaba algunas de las ideas y peticiones que los acreedores habían hecho a la Provincia a lo largo del proceso", sostuvo la cartera de Economía.

Indicó que "durante los primeros meses del 2021, se intensificaron las conversaciones con los asesores de GoldenTree Asset Management LP, el principal acreedor de la Provincia y el más proactivo".

"Este diálogo ha resultado de gran utilidad, y condujo a conversaciones restringidas con dicho acreedor. En este marco, la Provincia presentó términos indicativos de una posible enmienda a la invitación vigente, los cuales evidencian un esfuerzo importante de la Provincia para responder a las demandas de los acreedores en la mayor medida posible, sin perder la meta de asegurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos por la Provincia", enfatizó.

Puntualizó que se eliminó la quita de capital, se elevaron los cupones y se disminuyó la vida promedio de más de 13 años a 11 años.

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