Provincializan para Solá delito con drogas

El Senado aprobará pasado mañana la ley que le permitirá a la provincia de Buenos Aires perseguir los delitos de drogas de menor cuantía y combatir así con mayor eficacia la ola de inseguridad. Felipe Solá reiteró ayer el reclamo de que se le entregue esta herramienta que servirá -argumenta-para contener la inseguridad en territorio bonaerense, ya que existe una estrecha vinculación del consumo y la venta minorista de narcóticos con los secuestros y los robos. «Hay barrios donde existe el plan Traficar», ilustró el gobernador en un reportaje al diario «Clarín».

La iniciativa que desfederaliza estos delitos debe superar algunos obstáculos domésticos para que pueda ser sancionada y pasar a Diputados, donde hay supremacía de comprovincianos de Solá y, en consecuencia, se descarta un trámite menos trabado.

En la última cita del plenario de la Cámara alta, fracasó el intento de apurar el debate. Peronistas y radicales no se pusieron de acuerdo sobre cuestiones reglamentarias y uno de los aspectos clave de la norma: cuál es el límite cuantitativo de la posesión de estupefacientes para que sea competencia de la Justicia federal (que, por ahora, actúa en todos los crímenes de narcotráfico, sin discriminaciones de cantidad o calidad), o bien pueda pasar a jurisdicción de los magistrados y policías provinciales, según el pedido de Solá.

En el borrador acordado, se estableció un techo de hasta 300 gramos de cocaína para que intervenga la Bonaerense o los jueces locales, lo cual desató críticas dentro de la escudería oficialista, entre otras, de Sonia Escudero, mandamás de la Comisión de Seguridad Interior. «Eso es narcotráfico», adelantó la semana pasada a este diario.

Con quórum más que justo -la sesión se improvisó para demostrar la laboriosidad del Congreso, aún con los jefes de bloque de viaje junto a Néstor Kirchner-, resultó imposible la intención de la ultraduhaldista Mabel Müller de imponer el tratamiento sobre tablas.

• Evocación

Los radicales, liderados por Jorge Agúndez, responsable de una de las comisiones cabecera -Justicia y Asuntos Penales-, advirtieron: «Nosotros venimos colaborando con la sanción de todas las leyes, pero en este caso no cuenten con nuestro bloque, pues estamos cumpliendo estrictamente con lo que pidió hace unos meses la bancada oficialista;por eso, proponemos tomar 7 días más para seguir discutiendo el texto junto a la Comisión de Seguridad Interior».

Agúndez se vio forzado a evocar: «En junio, en la Comisión de Asuntos Penales, sacamos dictamen sobre la desfederalización del delito y, cuando lo estábamos por tratar en el recinto, una senadora del PJ -en alusión a Escudero, que estaba ausente en el recinto por un compromiso en Colombiapidió que fuera girado a Seguridad Interior y Narcotráfico; y logró el apoyo de todo su bloque. Quiero ser claro: la bancada mayoritaria envió otra vez a comisión el proyecto; no es una idea nuestra, de último momento».

Fue una respuesta a la presión que, en el hemiciclo, ejercieron para destrabar el debate la sanluiseña Liliana Negre de Alonso, Müller y Eduardo Menem. «Había un compromiso ante la opinión pública de tratarlo hoy (por la última sesión)», reprochó el riojano. Agúndez reveló: «Le avisé cuál era nuestro criterio al ministro León Arslanian esta tarde (por la del miércoles pasado), y me dijo que no tenía problema en que se postergara una semana más».

«El problema del gramaje va a saltar la sesión venidera; yo propongo en mi proyecto que no haya límite y que la competencia corresponda al primero que intervenga en el caso», acotó Menem. «Si tenemos suerte y buena voluntad, este proyectopodrá ser aprobado la semana que viene», agregó conciliadora -y resignada-Müller. La escasez de senadores terminó de frustrar el intento original de Müller. La sesión se cayó sin remedio, cerca de las 20.

• Constitucionalidad

Hay otro aspecto que quedó excluido de la disputa verbal, pero que puede reaparecer en cuanto vuelva Escudero. «Estoy de acuerdo, desde el punto de vista político, con que las provincias puedan adherir a una ley nacional que les permita reprimir delitos menores de drogas» -tal cual propusieron Solá y sus ministros Eduardo Di Rocco (Justicia) y Arslanian (Seguridad)-, deslizó. «Pero no estoy segura de que esto sea válido constitucionalmente», sentenció la salteña.

«No me parece, ya que se vuelve al concepto de pactos preexistentes», intervino Agúndez. «Esta ley es, para nosotros, una cuestión de Estado», había señalado el ministro de Justicia bonaerense al referirse a la propuesta de desfederalizar delitos vinculados al narcotráfico. «Es la Justicia provincial -que cuenta con 450 fiscales-quien debe hacerse cargo de la investigación de los hechos de venta y distribución de pequeñas cantidades de droga», explicó Di Rocco.