Quiebra en stand by para Correo, que suma lapidario informe sobre su deuda

Jueza concedió apelación suspensiva de su propia decisión. Cámara define y manda a Corte tironeo con TSJ. Lijo, con peritaje que complica a imputados.

La jueza comercial Marta Cirulli recibió la apelación de Correo Argentino SA -del Grupo Macri- a la declaración de quiebra sobre la empresa que pertenecía al holding tras 20 años de concurso de acreedores. En un breve texto en el que se justificó en un precedente de 2004, concedió el recurso para que sea la Cámara Comercial la que ratifique la quiebra. La magistrada podría haber ratificado su decisión o justificado cómo iba a apartarse de ese precedente pero dijo estar “constreñida” a acatarla con efecto “suspensivo” de su fallo previo. En ese contexto, la Sala B de la Cámara firmó ayer otro recurso intentado por el holding de la familia del expresidente en un incidente para apartar a la jueza Cirulli y a la fiscal Gabriela Boquín. Ambos los elevó a la Corte Suprema para que sea el máximo Tribunal el que defina el conflicto desatado entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño -que quiere erigirse como superior de la causa y la propia Cámara que no los reconoce como tal. Cuando existe un conflicto de competencia es la Corte la que tercia. El precedente es el caso “Levinas” que la Corte tiene en estudio y sobre el que también se pronunció el procurador Eduardo Casal negando la injerencia del TSJ en las causas de la Justicia nacional.

Pero mientras todo esto ocurría, en simultáneo, el juez federal Ariel Lijo -a cargo de la causa penal por las irregularidades ocurridas en 2016 con el intento de alcanzar un acuerdo entre el Estado y la empresa- sumó un nuevo informe que ratificó que esa oferta que la empresa del grupo Macri proponía al gobierno del propio expresidente era ruinoso para el Estado, con una quita del 90 por ciento de la deuda, una cifra bastante similar a la que había advertido en su momento la fiscal del fuero comercial Boquín, al rechazarlo y avanzar en su denuncia.

Al expediente penal se incorporó un segundo informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado ((Dajudeco)) que amplía y explica otro anterior, ante cuestionamientos de las partes implicadas.

Este segundo informe contable podría apurar la causa penal y complicar la situación de quienes ya fueron indagados y otros eventuales imputados. El informe es concluyente: la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. “estimó una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe técnico presentado” anteriormente.

El estudio respalda lo que siempre sostuvo la fiscal comercial Boquin, atacada desde que logró frenar aquel acuerdo que beneficiaba a la familia del expresidente Macri, ubicado una vez más de los dos lados del mostrador de la supuesta negociación.

La advertencia de Boquín llevó a la justicia penal al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su director de asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y al presidente del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher. En marzo se cumplieron dos años desde que fueron citados a indagatoria, pero aún no se les resolvió su situación, a la espera de los informes.

El eje de la investigación en el juzgado de Lijo fue claramente definido, primero por el desplazado fiscal Juan Pedro Zoni y luego por su colega Gerardo Pollicita, que sostuvo que existió un acuerdo “espuriamente concebido”, “ruinoso” y “abusivo” para el Estado, que fue paralelo al expediente comercial de la quiebra.

No solo Boquín fue lapidaria, ya que el fiscal Pollicita, en su momento había señalado que “se verificó que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada (Correo Argentino SA) e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos”.

El segundo informe incorporado a la causa es lapidario, y establece que en el periodo circunscripto desde la presentación del concurso, el 19 de septiembre de 2001, hasta la fecha de propuesta de pago, el 28 de junio de 2016 en pleno gobierno de Macri, “surge que, en todos los casos, la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. estimó una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe técnico presentado”.

El trabajo de la Dajudeco consistió en generar distintos tipos de cálculo sobre la deuda del Correo y lo que realmente terminaría abonando de acuerdo a un plan de pagos pactado hasta 2033. Diseñaron una aplicación para poder hacer todas las estimaciones posibles de acuerdo a las tasas de interés de diferentes bancos. Probaron centenares de fórmulas, y todas resultaban perjudiciales para el Estado.

En cambio los imputados atacaron desde un comienzo las cifras denunciadas y aseguraron que los $70.163.910.895,10 señalados por la fiscal Boquín sobre el monto de la quita era “absurda”. Quedó desmentido. Podría disparar esto un eventual procesamiento de Aguad y otros llamados a indagatoria.