¿Quién es Miguel Ángel Doñate, el empresario naval señalado por Macri de "perjudicar" a los argentinos?

Miguel Ángel Doñate

Mauricio Macri en Pilar, con dirigentes de la UIA: "Estamos enfrentando a las mafias como las del narcotráfico, los juicios laborales, los puertos, la aduana, como nunca antes se hizo (...) No podemos aflojar hasta que desaparezcan estas mafias que alejan el crecimiento y el futuro de los argentinos. Basta de mentiras, de corrupción, de viveza criolla malentendida, del atajo. Otro tema que quiero levantar hoy: señor Doñate, lo que hacen los prácticos en los puertos lo pagamos todos los argentinos con menos empleo, perjudican a muchísimas personas".

Miguel Ángel Doñate es capitán y dueño de Servicios Marítimos, que es accionista de Vessel S.A., empresa de transporte de contenedores. En 2012, como presidente de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC) fue el impulsor de una denuncia por extorsión contra Omar "Caballo" Suárez, por la cual el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó y detuvo al sindicalista y extitular del SOMU. En la Justicia creen que la decisión de Doñate respondió a la falta de asistencia del gremio a los barcos de los integrantes de la cámara, tras la decisión de los empresarios de dejar de solventar económicamente a la Fundación Azul, por donde el SOMU canalizaba el desvío de fondos.

En la CALPRAC están asociadas ocho empresas. En la lista, Doñate figura con Donmar S.A., que tiene permiso para operar en el Puerto Ingeniero White, de Bahía Blanca. La misma flota figura como socia de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, que preside Claudio Tubio.

Sin embargo, a Doñate se lo señala por haber creado con el encarcelado Suárez la empresa de remolques Transcargo, de la que trascendió que las esposas de los dos hermanos de "Caballo" son accionistas. La firma holandesa Ferus Smit (FNM) acusó a Transcargo de "cartelizar" el mercado de la Hidrovía del Paraná con su remolcador "El Fundador" y la mayoría de sus navíos con bandera paraguaya.

La detención de Suárez por administración fraudulenta no impidió a Doñate avanzar. Fuentes gremiales identifican que Doñate también sería socio en AeroSpace S.A., que explota otro remolcador, junto al dirigente moyanista del SOMU Jorge Agustín Vargas, también imputado. En esta compañía la esposa de Vargas tendría una porción mayoritaria. Vargas y su superior sindical Juan Ocampo se enfrentaron al "Caballo" cuando estalló el escándalo en el sindicato de marítimos, aunque en la Justicia hay documentos de que antes de la pelea tenían sociedades compartidas, como San Jorge S.A.

Confeso amante de la idiosincrasia cubana, Doñate saltó a las primeras planas de los diarios por primera vez en 2006, cuando le cedió al piquetero Raúl Castells un local en Puerto Madero para que instale un comedor comunitario. Las oficinas y sus empresas están radicadas en el barrio. El local se llamaba "Tocororo", en referencia al ave nacional de Cuba, donde, según le dijo a La Nación una década atrás, encontró el paraíso. "Cuando era joven e hice mi primer viaje, conocí al poeta Nicolás Guillén y desde entonces me quedó una relación afectiva con la isla. Algunos años después, el embajador cubano en la Argentina Miguel Brugueras, me propuso que tomara unos remolcadores que tenían en desuso en La Habana por el bloqueo norteamericano", contó Doñate al periódico de los Mitre.

En septiembre de 2016 Doñate quedó envuelto en sospechas por el choque y el hundimiento del barco gasífero "Charlton". Ese navío, que llevaba gas butano de Dock Sud a Senegal, fue embestido por un granelero en el Río de la Plata. En ese momento Ámbito Financiero dio cuenta que los prácticos de ambos buques son de la empresa Prácticos Independientes SA, vinculada a Doñate. La suspicacia del choque se relaciona con la reforma que impulsó en ese momento el Gobierno de Cambiemos para operar en los puertos argentinos.

El empresario naval cree que el Ministerio de Transporte y el de Energía organizaron una licitación a medida para sacarlo del juego. En junio pasado denunció ante la Oficina Anticorrupción que la UTE integrada por la multinacional Maersk, la argentina Marítima Meridian y una filial de la primera de nombre Svitzer se quedaron con el negocio de los gaseros que utilizan YPF, Camesa y Enarsa. Doñate y la oferente que quedó en segundo lugar, Trans One, aseguran que entre 2008 y 2014 hubo al menos 80 viajes por año en los que Marítima Meridian se habría quedado con retornos por el pago triangulado en el exterior de los servicios prestados. Hablan de un defalco de u$s 72 millones. El caso lo investiga el juez Claudio Bonadío e involucra al barco gasero Exel. Sugieren que el objetivo era otorgar los permisos (waivers) para que los buques extranjeros operen sin tripulación argentina o sólo lo mínimo requerido por seguridad, y con salarios internacionales, por lo que se ahorran las cargas patronales (aportes, jubilación, obra social).

Pero además, el capitán señalado por Macri advirtió que la UTE viola la ley 26.659, promulgada en 2011, que prohíbe a las compañías que exploran hidrocarburos y operan en los alrededores de Malvinas con autorización británica brindar servicios en aguas argentinas por cuenta y orden del Estado nacional. Por eso, Doñate apuntó contra la danesa Maersk, Guillermo Dietrich y Juan José Aranguren. Cerca del empresario deslizaron en julio pasado que la denuncia naufraga, pero que un fiscal tiene tareas pendientes. Funcionarios de Enarsa y el subsecretario de Vías Navegables, Jorge Gerardo Metz, también quedaron en el ojo de la tormenta.

En el Gobierno afirman que la nueva operatoria permitió reducir hasta un 20% los costos de los buques energéticos y que la intervención al SOMU dejó al descubierto los sobreprecios que se pactaban en el sector, donde operan muy pocas compañías, que aumentaban el valor de operaciones portuarias en el país.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estimó una reducción de u$s 3 millones por año para el puerto de Bahía Blanca, de u$s 2,4 millones para el Río de la Plata y u$s 41 millones en el caso del Río Paraná. "El Estado Nacional generará un ahorro de u$s 8 millones por año en el costo de practicaje que paga por las importaciones de gas a través de buques metaneros", calcularon desde la Comisión.

En el mismo dictamen, la CNDC recordó que en marzo pasado el secretario de Comercio, Miguel Braun, le ordenó a la Cámara de Practicaje y Pilotaje que se "abstenga de participar en la negociación de las condiciones comerciales de prestación de los servicios" en el país y expresó que "se deben negociar individualmente por parte de cada una de las empresas participantes en el mercado". La Resolución 238 de Braun también ordenó a las empresas de practicaje y pilotaje asociadas abstenerse de comunicar o compartir cualquier "información comercial sensible" con la Cámara de Tubio.

Macri habló de Doñate al referirse al trabajo de los prácticos y sus frecuentes huelgas y trabas, y no en relación a las "mafias" de los sindicalistas marítimos, dijeron desde el Gobierno nacional a este medio. ¿Cómo hizo con el ala dura de la CGT, también les declaró la guerra a los empresarios navales?

Informe de Sebastián D. Penelli.-