¿Quiere Kirchner también una Corte desarticulada y sin poder votar?

Eugenio Zaffaroni

En Estados Unidos sería impensado e improbable que George W. Bush evitara completar la vacante de la Corte Suprema y por flaqueza política dejara desmembrado a un tribunal de tremenda importancia. En el país del norte sólo hay una elección más importante que la del presidente y es la elección de un juez supremo. El gobierno apuesta sobre esa designación buena parte de su poder porque sabe que esa elección es vitalicia y no un furtivo paso de cuatro años por la Casa Blanca.

Además sabe -y no le produce temor- que se trata de una batalla ideológica entre progresistas y conservadores.

Aquí la administración Kirchner ha roto sus propias reglas. Se demora injustificadamente en nombrar a quienes ocuparán las dos sillas que quedaron libres producto de la renuncia de Augusto Belluscio y la destitución de Antonio Boggiano. El plazo para postular a los candidatos está largamente vencido: en uno se excedió cuatro meses (Belluscio) y en el otro ya lleva tres (Boggiano).

Argumenta que sería tachado de querer controlar a la Justicia imponiendo una mayoría en la Corte Suprema, sobre todo cuando es criticado por su embestida contra el Consejo de la Magistratura.

Esta debilidad política se traslada a la Corte Suprema, que de persistir en esta situación quedará a borde de la parálisis. El máximo tribunal de justicia ha venido trabajando a ritmo lento y sin involucrarse en causas de riesgo institucional. Si le tocara tratar un tema medular para el país entonces descubriría que está lejos de conseguir los cinco votos que se necesitan para formar la mayoría que se requiere para un fallo de trascendencia y acorde con la composición legal de nueve miembros que rige desde el menemismo.

«Por ley la Corte tiene nueve miembros y se necesita una mayoría de cinco, por lo cual hará falta un mayor trabajo a la hora de llegar a los acuerdos o de otro modo se paralizarán estos fallos», detalló ayer un constitucionalista.

Por esta cuestión, ha diferido el asunto de la pesificación y evitado pronunciarse sobre los 45 mil recursos de amparo que aguardan una definición de los cortesanos.

Para tratar la pesificación, la Corte Suprema tiene siete miembros. Uno no vota ( Enrique Petracchi), otro está a favor de la redolarización ( Carlos Fayt), y de los cinco restantes tres están claramente inclinados por la pesificación (Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti) y dos titubean mitad dólar/ mitad pesos (Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay).

El gobierno reconoció ayer que el nombramiento de los futuros reemplazantes de los BB (Belluscio-Boggiano) está en el freezer. Dicen que tiene temor a que desde la oposición se lo acuse de manipular el Poder Judicial. Hace escasos días la primera dama Cristina ponderó la trasparencia del gobierno en haber firmado el decreto 222/03 por cual el Presidente se autolimita en el modo y el plazo para ejercer la atribución de nombrar a los ministros de la Corte Suprema que le otorga la Constitución. Pero esta situación contradice hasta estos alardes republicanistas. Además, los candidatos deben atravesar un proceso que incluye la posibilidad de ser cuestionados por los ciudadanos y de recibir apoyo. Un procedimiento que por cierto -como ya ha dicho este diario- es más simbólico que verídico.

Queda pensar que al gobierno le conviene mantener una Corte Suprema desarticulada o en el mejor de los casos no tiene candidatos para postular. Como le conviene tener un PJ desarticulado y hasta un Congreso desarticulado, que funciona hoy sin completar la cúpula institucional y las presidencias de comisiones.

• Arma peligrosa

Hay dos cosas que Kirchner no puede hacer. Dejar por tiempo indefinido a la Corte con siete miembros cuando eso va contra la Constitución y anular el decreto 222/03. O modifica su composición, o nombra a los dos reemplazantes, o el tribunal comienza a designar conjueces -presidentes de Cámara- para tratar los casos de gravedad institucional. Esta puede resultar un arma peligrosa porque, si lo hace en la pesificación, el Ejecutivo se queda sin la garantía de obtener una sentencia que convalide la salida de la convertibilidad. Por el contrario, puede ocurrir que se declare inconstitucional la emergencia económica, que es la línea que han seguido los jueces de los tribunales inferiores, como son las Cámara de Apelaciones.

Entre los temas pendientes también quedó un fallo de fondo que avale o no los remates hipotecarios de viviendas derivados de préstamos en dólares contraídos entre privados, afectados por la devaluación.

De persistir, esta situación sería desautorizar el mismo Decreto 222/03 que fue ensalzado por la esposa del Presidente. Aunque podría pensarse que el gobierno esperará que los legisladores regresen de sus vacaciones para convertir en ley los viejos proyectos que promueven reducir de 9 a 7 la composición de la Corte Suprema. Sería otro papelón, porque desde un inicio Kirchner dijo que su intención era ocupar todos los cargos que quedaran vacante en ese tribunal.

Ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, evitó referirse a la posibilidad de que se reduzca a siete el número de jueces de la Corte Suprema, que actualmente es de nueve.

«Hay una decisión del Presidente (Néstor Kirchner) sobre eso, me excede a mí, es el Presidente quien deberá resolverlo», se excusó el funcionario cuando fue consultado.