11 de agosto 2005 - 00:00

Reacción

El intendente de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera, que además es el secretario del duhaldista PJ de Buenos Aires, se acordó ayer de los cortes piqueteros en el puente que conecta esa ciudad con la Capital Federal y reclamó ante las autoridades de seguridad nacionales y de la provincia (Aníbal Fernández, León Arslanian) que los impidan de ahora en más. También requirió una medida judicial de amparo para que no se les haga más daño a quienes ya han sufrido miles de trastornos sin que ninguna autoridad hiciera nada.

El intendente municipal de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera, que además es secretario del PJ bonaerense, envió ayer cartas documento al ministro del Interior, Aníbal Fernández; y al de Seguridad bonaerense, León Arslanian, en las que los intima para que en el plazo de 5 días garanticen el libre tránsito sobre el Puente Pueyrredón.

Mientras tanto, grupos de activistas piqueteros duros, de izquierda, provocaron ayer un caos en el centro porteño durante una marcha protagonizada por distintas agrupaciones que terminaron concentrándose frente al hospital Garrahan, «en solidaridad» con los empleados de ese centro de salud, que cumplen un paro por 72 horas.

«Cacho» Alvarez
, jefe municipal enrolado junto a los Duhalde, apeló a la Constitución de la provincia y a la Constitución nacional, y les demandó a los funcionarios por la diaria violación que sufre el tránsito sobre el puente. Debió recordar esas normas antes, pero nunca es tarde en este tipo de problemas. Y les anticipó que presentará un recurso de amparo ante la Justicia bonaerense.

En el centro porteño ayer la columna principal estaba compuesta principalmente por activistas de varias vertientes de movimientos piqueteros y de asambleas vecinales -Coordinadora de Unidad Barrial-, que antes de encaminarse hacia el Garrahan protagonizaron «sentadas» en las inmediaciones del Obelisco porteño. En su protesta, los piqueteros unificaron el apoyo a los trabajadores del Garrahan, con sus reclamos de aumento a $ 350 en los planes sociales y la universalización de esos beneficios.

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