Reacciona al fin la oposición ante "cesarismo" en decretos

Desde que Julio César hizo peligrar la república romana proclamándose «dictador perpetuo», operación en la que encontró la muerte, la propensión de los gobernantes a invadir funciones de otros poderes del Estado es conocida como «cesarismo». La Argentina está amenazada por este mal desde hace tiempo pero durante el gobierno actual esa tendencia está consiguiendo una consagración legal. Con el cambio de composición del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo podrá neutralizar ese instituto hasta el punto de recuperar en plenitud para sí la atribución de nominar a los jueces, una facultad que pretendió acotar, en teoría, la reforma constitucional de 1994. A esa expansión sobre la Justicia le seguirá, ahora, otra sobre la Legislatura. El gobierno no consiguió ayer el número suficiente (37 votos) para reglamentar en el Senado en favor del Presidente la sanción de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Pero seguramente logrará hacerlo el jueves que viene, día en que regresará Cristina Kirchner del viaje presidencial a la Venezuela de Hugo Chávez. Vendrá inspirada para la tarea que le espera: conseguir para su esposo la posibilidad de legislar en materias muy delicadas, «de necesidad y urgencia», sin limitación alguna por parte del Congreso.

«Si no se establecen límites muy severos a la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar ese tipo de decretos, el Presidente se verá tentado de sustituir al Congreso como legislador. Sobre todo si no se establece un plazo a partir del cual tales medidas pierden su vigencia y no se exige la aprobación de las dos cámaras para que la medida quede convalidada. Tenemos ante la gente la responsabilidad de defender para el Congreso la facultad de legislar». Palabras más o menos, ésta fue la síntesis del pensamiento expuesto por la senadora Kirchner en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 13 de febrero de 2002. Por entonces gobernaba Eduardo Duhalde, en una gestión de emergencia; ella representaba a la provincia de Santa Cruz y había conquistado, a cambio del apoyo de su esposo al gobierno del bonaerense, la presidencia de esa comisión decisiva, que conserva desde entonces.

Cambios

Ahora Cristina Kirchner es primera dama de la Nación, no de Santa Cruz. Con el acceso de su marido al gobierno, cambió de provincia y también de ideas. Hace dos semanas consiguió que el comité parlamentario que preside apruebe una reglamentación extraordinariamente «cesarista» del artículo constitucional que admite los DNU. Si esa postura prospera en el Congreso, y nada indica que eso no sucederá, los presidentes argentinos podrán emitir decretos sobre temas para los que se requieren leyes. La vigencia de esos decretos no tendrá un plazo de extinción. En caso de que el Congreso quiera derogarlos deberán coincidir en el rechazo las dos cámaras. Es decir: para ver aprobados sus DNU, el Poder Ejecutivo no necesitará la aprobación de los dos cuerpos del Parlamento. Con que uno solo lo convalide, quedarán ratificados. La posibilidad que provocaba el terror de Cristina Kirchner se verá realizada. Los presidentes ya no necesitarán recurrir al Congreso para cuestiones delicadas, de trámite enojoso, para las cuales puede resultar difícil conseguir un consenso amplio. Les bastará dictar un decreto y lograr después que la Legislatura no lo trate o, mejor aún, que una sola cámara lo convalide. ¿Cómo no tentarse? La excepción se volverá norma. Por eso, con un poco de dramatismo, se podría decir que la lectura que impondrá el oficialismo del artículo constitucional -ya muy concesivo según garantistas como Eugenio Zaffaroni- que admite los DNU equivaldría al cierre del Congreso. Los legisladores habrán renunciado a su función y los jueces verán facilitada su tarea a la hora de convalidar la supresión de derechos o la creación de obligaciones que dispongan los presidentes con su pluma.

Si hay que temer por el achaque que esta operación inflingirá a la vida republicana es por la inquietante performance «cesarista» que registra el ciclo democrático que se abrió en 1983.

Durante su gobierno, Raúl Alfonsín emitió sólo 10 DNU. Carlos Menem saltó a 545. Fernando de la Rúa no tuvo tiempo para firmar más que 73. Pero Eduardo Duhalde despachó 157. Kirchner, para quien Cristina pretende conquistar estas prerrogativas, ya va por 169. Si se calcula el promedio de decretos firmados por mes, el santacruceño superó a Menem y araña el récord de Duhalde (ver gráfico en Tapa).

Ironía

La oposición, que montó una escenografía de ópera ante la posibilidad de que Kirchner controle el Consejo de la Magistratura, apenas se sensibilizó ante este nuevo avance que planea el Ejecutivo sobre otro poder del Estado. Es cierto, Rodolfo Terragno ironizó presentando como propio el proyecto que, cuando gobernaba Duhalde, había elaborado Cristina Kirchner. Para aquella senadora, si quien firmaba los DNU no era su marido, se debían conceder sólo 30 días de vigencia a esas medidas de necesidad y urgencia. Agotado ese período, los decretos perderían su valor. Además, el Presidente tendría que conseguir la aprobación de las dos cámaras: con que una sola se lo rechazara también se vendría abajo su norma.

El actual embajador en México, Jorge Yoma, consideró en aquel entonces que el celo garantista de Cristina era exagerado. Igual que el chubutense Marcelo Guinle, defendió a Duhalde e impidió que se aprobara el dictamen. En cambio senadores como Guillermo Jenefes (PJ-Jujuy) o Sonia Escudero (PJ-Salta) coincidieron en aquel momento con la señora de Kirchner. Por lo visto, la siguen a todas partes: ahora que ella quiere que el Congreso le ceda a su marido lo que no debía cederle a otro mandatario, Jenefes y Escudero se han vuelto igualmente generosos.

Distracción

La oposición radical está distraída en esta polémica. A tal punto que Ernesto Sanz no advirtió que Kirchner conseguiría del proyecto de su esposa una capacidad legislativa superior a la que tiene cualquier diputado o senador, que necesita convencer a las dos cámaras para ver sus iniciativas convertidas en ley. Es probable que el próximo jueves Sanz y los demás radicales del Senado puedan corregir el error cometido en la comisión: ¿será Cristina la que les reproche un cambio de opinión?

Es posible que para cuando la discusión llegue a la Cámara de Diputados la alarma sea otra. El constitucionalista Jorge Vanossi y Federico Pinedo, ambos diputados de PRO, ya adelantaron que la versión oficial de la reglamentación es contraria a la Carta Magna. Y propusieron que si a los 60 días de la emisión de un decreto el Ejecutivo no consigue su convalidación en las dos cámaras, la medida no se considerará válida.

Es probable que esta posturaresulte minoritaria. Y que se convalide el diagnóstico de Simón Bolívar, para quien los presidentes de estas repúblicas debían ser monarcas sin corona. Los Kirchner ya coinciden con el prócer y todavía no han viajado a la bolivariana Venezuela.