Reaccionan jueces que temen purga judicial

Néstor Kirchner ya adelantó el primer conflicto si llega a ser presidente, porque el Poder Judicial parece dispuesto a confrontar si el candidato del oficialismo persiste en su idea de decapitar masivamente la Corte Suprema de Justicia.

En los últimas días, el candidato confirmó que motorizará en la Cámara de Diputados, por medio de su alfil Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz), el juicio político contra varios ministros, y en especial contra Carlos Fayt. Procura obtener las vacantes suficientes para dar hacia afuera una imagen de renovación en la Justicia, con una Corte remozada alejada del gobierno de Menem.

Sin embargo, los aires de «renovación» que dice impulsar el santacruceño no cayeron bien en el Poder Judicial.

Jueces nucleados en la Asociación de Magistrados leían en la intención de llevar a juicio político al veterano juez Fayt una suerte avanzada del poder político sobre el judicial. Y, un antecedente concreto de la línea política que un eventual gobierno de Kirchner seguiría con los «no-alineados».

Según entienden, el juicio está a años luz de convertirse en un mecanismo para discriminar conductas lesivas de los jueces. Por el contrario, interpretan que se trata de un poder del Estado sometido a juicio.

• Prueba

El caso del Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa, apareció como una prueba de la acometida que Kirchner suele utilizar para lograr sus fines. El funcionario fue dejado cesante por una ley del gobernador que modificó todo el Poder Judicial de esa provincia. Pese a que la Corte la declaró inconstitucional, el funcionario jamás recuperó su cargo (ver aparte).

Esta no sería la única cuestión que agudiza las diferencias entre el candidato y los magistrados que están convencidos de que el patagónico reeditará varios proyectos que Eduardo Duhalde quiso poner en práctica apenas hizo pie en la Casa Rosada y que debió guardar, después, para calmar el revuelo que generó.

Uno de ellos contemplaba una modificación del sistema de jubilaciones y otro que afectaba la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces por la imposición de tributar el Impuesto a las Ganancias. Detrás de estas propuestas, defendidas a ultranza por Chiche Duhalde, los jueces veían solapada la intención del gobierno de producir un vaciamiento del Poder Judicial similar al registrado cuando asumió Raúl Alfonsín.

Pero también, aunque menos conocido, está en el Consejo de la Magistratura un proyecto que pretende la categorización de los magistrados y que crea una suerte de jueces de primera y segunda categoría. La primera, conformada por los magistrados nombrados después de la reforma de 1994; y la segunda, por los «jueces del pasado» nombrados por acuerdo en el Senado. A tal punto llega esta diferenciación que -al menos- hay un juez laboral que especialmente hizo confeccionar un sello donde figura su condición de haber sido designado por el Consejo de la Magistratura.

Por lo pronto, varios emisarios le han hecho llegar a Kirchner el enojo de los jueces y una recomendación para que detenga «la caza de jueces». Prefieren una «depuración» natural de la Corte que, se afirma, llegará a fines de este año, cuando vayan decidiendo su alejamiento definitivo algunos de sus miembros.