Rebeldía
Como otra consecuencia del peligroso incremento salarial que les otorgó Néstor Kirchner a los estatales nacionales, se agravaron ayer las medidas de fuerza contra Felipe Solá que paralizan a la provincia de Buenos Aires. En rigor, desde el viernes rige la conciliación obligatoria en el conflicto por las demandas de subas para los estatales bonaerenses. Pero ayer un sector gremial, en franca rebeldía y a riesgo de sanciones, anunció «paros activos» desde hoy. Y el resto del abanico sindical rechazó nuevamente la suba propuesta por Solá. El malestar no es sólo bonaerense: los mandatarios deben enfrentar una escalada de medidas de fuerza en pos de un aumento similar al de sus pares nacionales.
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A pesar de la conciliación obligatoria, esta semana la provincia volverá a vivir las complicaciones de los paros estatales.
La administración pública provincial está paralizada desde hace dos semanas y la determinación de continuar con medidas de fuerza se da a pesar de que el Tribunal de Trabajo Nº 5 falló ayer contra un recurso de amparo que habían interpuesto los trabajadores para que se dé por invalidada la conciliación obligatoria, alegando que el Ministerio de Trabajo no está facultado por la Constitución para resolver el litigio entre los estatales y la provincia.
La jornada de ayer era clave para que comenzara a destrabarse el conflicto con los estatales, pero perdió efecto rápidamente al no lograrse ningún punto de acuerdo entre el gobierno y los representantes gremiales. Había expectativas sobre una supuesta suba en la oferta de aumento realizada días atrás, pero Solá se mantuvo firme y no modificó su ofrecimiento de $ 85 remunerativos no bonificables como plus salarial para aquellos que perciban menos de $ 1.000 y el equiparamiento de las asignaciones familiares con las de Nación.
Si bien todavía ayer no había sido evaluado concretamente, desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el desconocimiento de la conciliación obligatoria y la realización de nuevos paros y medidas de fuerza podrían derivar en sanciones tanto para los gremios como para los trabajadores. Si bien determinar que un paro o protesta es de carácter ilegal es competencia de la Justicia, en caso de que se determine aplicar sanciones, éstas podrían ir desde el descuento del día no trabajado hasta la quita de la personería legal del gremio.



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