Recalcularán jubilaciones de privilegio, rebajándolas

El gobierno envió ayer al Congreso el demorado proyecto de derogación de las jubilaciones de privilegio (leyes 22.731, 22.929, 23.026, 23.626, 24.016 y 24.018), que considera uno de los ejes de la reforma política. Aunque el ahorro efectivo que puede llegar a producir esa reforma -algo incalculable hoy, y más a la luz de la catarata de juicios que provocará, por aquello de «los derechos adquiridos»-, Eduardo Duhalde cree, como muchos políticos, que esa derogación es un mensaje que conviene en este momento lanzar hacia una sociedad harta con la dirigencia, como gesto de buena voluntad encaminado a sanear el oficio de la política. Jubilaciones de privilegio porque les permitieron a muchos ex diputados y ex senadores, lo mismo que a ex funcionarios con poco tiempo en el cargo -el más sonado de los últimos tiempos es el del actual titular de la Suprema Corte de Justicia de España que pasó brevemente por el gobierno argentino con Héctor Cámpora en 1973-, pasar a cobrar la pasividad, en algunos casos antes de haber cumplido 40 años.

Examinado por el secretario Legal y Técnico Antonio Arcuri, y el responsable de la reforma política de la cartera de Interior, Juan Marchena, dispone de entrada la derogación de todas las leyes de excepción para las jubilaciones. La derogación de estos privilegios data en realidad de 1994, cuando se sancionó la reforma previsional que privatizó una parte del sistema. Esa derogación por la ley Cavallo motivó una avalancha de juicios contra el Estado, a los que respondió el Poder Ejecutivo -entonces a cargo de Carlos Menem- con un decreto que reponía escalafones de retiro como el de los diplomáticos. Con un decreto, no se puede modificar una ley. La Justicia falló en contra de ese decreto, pero, no obstante esa prohibición, en los últimos ocho años cerca de 1.000 retirados lograron retiros con regímenes de excepción.

Con el proyecto de ley elevado ayer al Congreso, se busca cerrar el paso a los juicios aún pendientes y confirmar la derogación de las excepciones. Es parte de esta norma ponerles un tope de $ 3.100 a todas estas jubilaciones. El objeto es fijar una cifra máxima en un sistema donde los retiros más altos superan los $ 10.000, no obstante el recorte de 13% dispuesto por Fernando de la Rúa. Es previsible que las víctimas de este nuevo recorte acudan en masa a la Justicia para reclamar por estos «derechos adquiridos».

El tercer mandoble que se les dará a estos privilegios -que en la Argentina tienen más de 30 años de antigüedad- es el recálculo de todos estos haberes previsionales, algo que cree el gobierno será incontestable ante los Tribunales. Explicaba ayer Marchena que, más allá del régimen bajo el cual se haya jubilado el pasivo sometido a revisión, se le recalculará lo que cobra de acuerdo con los años efectivamente trabajados y los aportes realizados. Quedará una zona gris que seguramente intentarán aprovechar los que resulten revisados, porque ese recálculo debe hacerse frente a una tabla de años exigidos y aportes promedio de los distintos regímenes.

Ayer Rodolfo Gabrielli le hizo firmar a Duhalde la elevación del proyecto al Congreso, antes de marchar al teatro nacional Cervantes a una reunión con intendentes municipales. Gabrielli le informó que en la Cámara de Diputados, con mayoría peronista, está asegurado la pronta aprobación del proyecto.