Rechazan pedido de sanción para los militares

Horacio Jaunarena desalentó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que le pidió sanciones para los cuadros del Ejército. No a todos, sino a aquellos que ejercieron el derecho constitucional al presentar pedidos de hábeas data sobre su pasada conducta profesional. Fue en una reunión mantenida el martes al anochecer en el edificio Libertador donde estuvieron Alfredo Bravo y Adolfo Gass, como presidente y vice de la APDH, con el ministro de Defensa.

Palabras más o menos, Jaunarena les reiteró los conceptos emitidos al declarar abierto el año militar. «No vivimos hoy la misma realidad que hace 25 años; si esto no lo entienden tanto ustedes como las Fuerzas Armadas, va a ser muy difícil avanzar», señaló el titular de la cartera. Al mismo tiempo, y para equilibrar las cargas, les advirtió que había impartido directivas para que los jefes de Estado Mayor evitaran evocar de ninguna manera el golpe de marzo del '76.

El enroque de Ricardo López Murphy por Jaunarena dejó en las manos de este último afrontar el conflicto por los hábeas data. Desde el viernes pasado reposan en Defensa los alrededor de 160 pedidos presentados por el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Joaquín Stella, para que sea el propio ministro quien les dé traslado. Es decir que es el propio gobierno -en una iniciativa debida a López Murphy que heredó Jaunarena- quien avala no sólo los casi 700 pedidos del Ejército con Ricardo Brinzoni a la cabeza (que ayer se reunió como lo hace habitualmente con los mandos de la fuerza), sino también los de la Armada, y los que ayer comenzaron a llegar de las unidades militares del interior.

Jaunarena les pidió a los jefes en actividad que no hablen del 24 de marzo del '76 y éstos, subordinados, acataron la orden. Lo que no van a poder evitar es que quienes no deciden, pero integran las fuerzas -recordar que la historia de los «carapintadas» y Semana Santa del '87 la inició el mayor Ernesto Barreiro cuando decidió no presentarse a la Justicia y refugiarse en un regimiento-, decidan hacer oír su voz. Por lo pronto ya el Centro Naval y el Grupo de Almirantes Retirados primerearon, e identificándose con la postura del almirante Stella, se pronunciaron señalando que «cuestionar la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final incide negativamente en la tan deseada pacificación nacional».

A este tipo de reacciones es a las que el gobierno quiere ponerles fin -o acotarlas, tanto de un lado como del otro-, por la riesgosa escalada de enfrentamientos que podría generar en momentos en que se pone en marcha un nuevo ajuste económico y cuando se está a 7 meses de una elección donde estará a prueba la gestión aliancista. Aunque el frente de conflicto pueda ser considerado beneficioso electoralmente por la izquierda. De allí que genere expectativas el pedido de una reunión con Jaunarena que ha hecho ahora el CELS y el destino que tendrán los 160 pedidos de hábeas data de la Armada.