El procurador general adjunto Luis González Warcalde dictaminó que debe ser el juez de primera instancia en lo penal económico Jorge Brugo quien continúe investigando a decenas de ex diplomáticos, en la causa por los autos de lujo que ingresaron al país mediante franquicias presuntamente irregulares para representantes de misiones extranjeras.
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El planteo obedece a que Brugo se había declarado incompetente ya que entendía que, por haber diplomáticos el tema debía ser analizado por la Corte Suprema de Justicia en base a su "competencia originaria" para intervenir cuando están involucrados funcionarios de delegaciones extranjeras acreditadas en el país.
Sin embargo, González Warcalde sugiere que la Corte delegue la investigación en el juez que ya está investigando "por razones de economía procesal, mejor administración de justicia y en aras de garantizar un amplio ejercicio del derecho de defensa" de las cuatro decenas de involucrados.
A los ex funcionarios extranjeros se les reprocha el haber dado su consentimiento para la importación de los automóviles que presuntamente iban a ser utilizados para sus funciones diplomáticas, pero fueron vendidos a "terceras personas extrañas a ese régimen especial" quienes así evadían "los correspondientes tributos de la operación, en burla al debido control aduanero".
Si bien los casi cuarenta agentes diplomáticos no cumplen más funciones en el país, Warcalde aclaró que Myriam Ximena Guzmán Pinilla -Vicecónsul de la República de Bolivia- y Yemba Lohaka -Encargado de Negocios de la Embajada de la República Democrática del Congo- "se encontrarían aún acreditados en nuestro país, por lo que estimó que, en principio, corresponde a ellos la jurisdicción originaria de la Corte".
Para ello pidió que "previamente se determine a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, si los nombrados siguen teniendo estatus diplomático, en los términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, supuesto que, una vez acreditado, obligará a requerir al Estado al cual representan la conformidad".
Brugo explicó que cuando se trata de "causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático" es competente la Corte.
Una parte de la causa por los autos diplomáticos, que surgió luego de un informe interno de Cancillería que detectó las irregularidades, es aquella que involucra a Jorge Matas, ex titular del departamento de Franquicias de Cancillería y quien está acusado de contrabando agravado que le imputó Brugo al elevar el expediente a la etapa del juicio oral.
"Matas habría tomado parte en los actos de otorgamiento de la franquicia en violación a las normas vigentes y habría autorizado la nacionalización de dicho rodado mediante el otorgamiento de un certificado con datos falsos, que se presentó en la aduana burlándose a través de tal accionar, el debido control aduanero", afirmó el juez.
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