Redoblan acoso sobre la Corte con ley jubilatoria y crítica a fallos

Jorge Vanossi confirmó ayer la intención del gobierno de Eduardo Duhalde de promover una ley para jubilar a los miembros de la Corte Suprema Justicia que hayan gestionado y obtenido ese beneficio. Aunque no lo hizo de manera explícita. «Al que le caiga el sayo que le caiga», dijo parafraseando a Carlos Menem cuando se lo consultó sobre Julio Nazareno y compañía.

De hecho, el ministro de Justicia respaldó en diálogo con medios radiales el envío del mensaje 211 del Ejecutivo promoviendo esa ley que anticipó este diario el último viernes. Esa iniciativa será analizada esta semana en la comisión de Justicia de Diputados que encabeza la duhaldista María del Carmen Falbo. La comisión delibera los miércoles por la tarde.

El texto ingresó el jueves 31 de enero a la Cámara baja, con la firma del presidente designado, Vanossi y el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. Y fue el detonante para que la Corte largara una acordada declarando inconstitucional el «corralito», en devolución de «favores» con el Ejecutivo y en la escalada de la puja de poderes.

Vanossi aseguró que «no se trata de jubilar a nadie de oficio». «Hay gente -abundó- que ha tramitado, obtenido y aceptado su jubilación y, después de notificarse de que se le ha concedido el beneficio, ha hecho una nueva presentación diciendo que no va a cobrar el haber de retiro y que prefiere continuar con el haber de continuidad.»

•Prolijidad

Subrayó el funcionario la intención oficial de «emprolijar situaciones que son las inversas a las normales, pues, por lo general, es primero renunciar y después jubilarse». «Yo no estoy hablando de la Corte en particular, estoy hablando de todos aquellos que están en la misma situación», concluyó el jurista radical.

A todo esto, la Comisión de Juicio Político continuará mañana con el trámite para destituir a los miembros del máximo tribunal. Esperan para la reunión de la comisión que encabeza el santacruceño Sergio Acevedo la llegada de las copias de las sentencias de la Corte que alimentan el pedido de enjuiciamiento.

El viernes se terminaron de remitir los oficios desde esa dependencia a Tribunales para conocer en detalle los fallos y acordadas polémicas, entre ellas, la que declaró inconstitucional el «corralito» (caso Smith sobre el cual pesquisaron el cordobés Eduardo Di Cola y el tucumano José Falú), la causa por la voladura de la AMIA (es probable que los legisladores visiten el Palacio de Justicia, dado el volumen del expediente), el rebalanceo telefónico, la autorización a Raúl «Tato» Romero Feris para presentarse como candidato a gobernador de Corrientes a pesar de estar en prisión y la excepción que dictaron para que los jueces no presenten declaraciones juradas, no obstante lo que establece la Ley de Etica Pública a magistrados y otros funcionarios.

Curiosamente, deben discutir también sobre una acordada que declaró inconstitucional el inciso 4° del artículo 99 de la Constitución que obliga a contar con un nuevo acuerdo del Senado para conservar la condición de juez después de cumplir 75 años. Ese criterio del tribunal permitió que Carlos Fayt, hoy de 84 años, continuara en el cargo sin necesidad de que lo autorizara el Congreso.

Asimismo, se encomendó a los autores de anteriores pedidos de juicios políticos a los jueces de la Corte que elaboren preinformes para acelerar el proceso. Los aristas Elisa Carrió y Héctor Polino, así como la frepasista Nilda Garré, tendrán mucho material para compartir, ya que encabezan desde los tiempos de Carlos Menem el ranking de querellantes de la llamada «mayoría automática».

Estos últimos insistirán para que se incluya en la acusación a la Corte las consideraciones del Supremo Tribunal que habilitaron primero la salida de la cárcel de Emir Yoma y, a continuación, de Menem en el marco de la causa armas. La Corte consideró inaplicable la absurda figura de asociación ilícita.