Regresión política, mesianismo o nueva penosa dictadura

Política

Si, como expresan altos funcionarios, el gobierno lograra en febrero próximo la sanción de su amenazante proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, pese a tan generalizado repudio de la sociedad, el país habría entrado a otra etapa de la globalización de la democracia a la que hoy está sometido. Elisa Carrió la identifica como inicio del fascismo. El oficialista «Clarín» arriesgó menos pero la calificó de «ingreso en una fase de regresión política». Un matutino independiente la ubicó entre los «mesianismos».

Puede decirse que con tal ley -que es muy probable que en algún momento esta misma Corte Suprema, aun cuando el gobierno prevalece sobre la mayoría de sus ministros, la declare anticonstitucional según el pensamiento privado de por lo menos dos de sus miembros- la Argentina habrá descendido el primer escalón hacia una dictadura. No sería la primera pero sí una de las más peculiares de la historia argentina.

Sería, de darse, la segunda dictadura civil con el solo antecedente de la que implantó Juan Manuel de Rosas en 1829, con facultades extraordinarias como gobernador, agudizada en 1835 con la cesión de la suma del poder público por parte de la Legislatura. Rosas era un rico hacendado bonaerense con milicia propia -los denominados «Colorados del Monte»-, a quien en 1827 habían designado comandante de milicia para defender la campaña de los indios. Pero no tenía origen ni formación militar, aun cuando -ya en el gobierno- se proclamó brigadier general. Todas las demás fueron predominantemente dictaduras de militares con respaldo de armas.

Tan zigzagueante ha sido nuestra democracia que hay variantes intermedias.
José María Guido (1962-1963) fue un presidente civil no electo -era el titular del Senado en la línea sucesoria constitucional- pero su poder, si lo tuvo, era derivado de un golpe militar contra el presidente constitucional Arturo Frondizi (1958-1962). El poder verdadero lo retuvo el Ejército -no la Armada ni la Fuerza Aérea- manteniendo con Guido sólo la apariencia constitucional porque la Carta Magna había sido violada al derrocar por la fuerza a Frondizi.

Eduardo Duhalde
durante 15 meses, a partir del primer golpe civil triunfante en la historia nacional contra Fernando de la Rúa, también es considerado un pequeño dictador civil, como lo fueron efímeramente sus antecesores inmediatos, Ramón Puerta, que ocupó el poder acéfalo tras el golpe duhaldista para interrumpir un período constitucional. Lo mismo se puede decir del titular por horas del gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y del sustituto por una semana, Adolfo Rodríguez Saá, hasta que asume, también por el Parlamento y no por las urnas, Eduardo Duhalde. Estos cuatro civiles, como José María Guido, no provenían del voto popular para el cargo presidencial, aunque lo tuvieran como legisladores, y tampoco cumplieron el rol de asumir la primera magistratura como derivación constitucional de hechos naturales imprevisibles. El desplazamiento por la fuerza de los presidentes electos constitucionalmente, aunque en los recientes casos intervino el Parlamento, los vicia en el origen, mengua su legitimidad política, aun cuando pudiera encuadrarse técnicamente en lo constitucional. Que De la Rúa haya renunciado no institucionaliza a sus reemplazantes. No fue una dimisión como acto de su voluntad no presionada. Renuncias institucionales por decisión exclusivamente personal fueron, por ejemplo, la de Raúl Alfonsín en 1989 o la de Roberto Ortiz en 1941 (en este caso por salud, más exactamente ceguera). Arturo Frondizi, por caso, nunca renunció al cargo de presidente de la Nación. Lo confinaron en la isla Martín García primero y en Neuquén después y asumió Guido sin haber dimitido el titular máximo y legítimo del Poder Ejecutivo hasta ser desplazado por la fuerza. Tampoco la renuncia se la exigieron a María Estela Martínez de Perón. Simplemente la separaron y detuvieron tras un golpe militar. Hay casos más antiguos en nuestra historia, que prefiguraron lo ocurrido con De la Rúa, por ejemplo. El más notorio fue el de Miguel Juárez Celman, quien debió renunciar forzado por la Revolución del '90 para que asuma el poder, con la discreta complicidad de Julio Argentino Roca, el vicepresidente Carlos Pellegrini.

Néstor Kirchner
tiene más fundamentos para no ser considerado dictador. En primer lugar viene de dos votaciones legítimas en urnas, que no es poco. Pero, en definitiva, una dictadura no la define el origen electivo correcto sino el uso del poder que con tal acto se obtiene. Por otra parte, la figura misma del dictador tiene un origen histórico perfectamente institucional: la concibieron los romanos durante la República para enfrentar las crisis con una concentración de poder en las manos de un solo hombre por un período determinado, que no podía exceder los 6 meses.

• Transgresiones

Ya en la era contemporánea, Adolf Hitler y Benito Mussolini, para citar sólo los más casos más resonantes y extremos en el mundo occidental, llegaron al poder a partir de elecciones legítimas. La dictadura, entendida en términos modernos, surge a partir de la violación de principios constitucionales. Los constitucionalistas pueden decir que con la transgresión de uno solo basta. La política en países en vías de desarrollo y con consiguientes democracias endebles ha marcado que se necesitan varias violaciones. Hoy se daría por silenciar opositores (el caso de Luis Patti, por ejemplo, a quien se aplica una proscripción retroactiva, con el alegato de que la Justicia electoral «se olvidó» de prohibirle ser candidato aunque no tiene procesos, por lo que no se entiende por qué debió vetarlo). Negarle a la oposición legislativa el derecho a exponer, como sucedió con la sanción de la Ley de Emergencia Económica, es trabar la libertad de expresión. Lo es silenciar periodistas y ya son varios los casos. Los juicios políticos a Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano estuvieron plagados de inconstitucionalidades. Legislar y sacar decretos sobre temas electorales no es constitucional (le está vedado al Poder Ejecutivo usarlos en materias constitucional, tributaria, penal y electoral). En este sentido la decisión de obligar por ley a los partidos, que son organizaciones autónomas del Estado, a elecciones internas abiertas y simultáneas fue también un hecho de dudosa constitucionalidad. No respetar el derecho constitucional de circular libremente por cierre de calles y rutas en virtud de un juego político de tal manera que quien exija ese derecho es injuriado como extremista que propone derramar sangre se ubica en el mismo orden anticonstitucional. También haber prorrogado por 10 años licencias de radios y TV, responsabilidad del Congreso, para sumar el gobierno medios de difusión incondicionales.

Que los proveedores de Internet, por decreto del 31 de julio pasado, quedaron obligados a interceptar y retransmitir los envíos de particulares a la SIDE mostró una tendencia a introducirse en el derecho a la intimidad que resguarda nuestra Carta Magna. Ese repudiable «espionaje electrónico» fue sentenciado como abiertamente anticonstitucional sólo por el juez federal
Guillermo Rossi, pero no es un fallo que haya quedado firme porque faltan las instancias superiores hasta llegar a la Corte Suprema, que tiene una mayoría adicta al gobierno y sobre la que actúan personajes antidemocráticos con fuerte influencia como Horacio Verbitsky.

Una dictadura también se va configurando con injusticias visibles ante la sociedad aunque aún no lleguen a violaciones constitucionales. Las amenazas a periodistas y medios, favorecer a unos y discriminar a otros, aumentar los fondos públicos a unas provincias y municipios en detrimento de otros, por el mero juego de captación política, incriminar penalmente a ciudadanos sin reivindicarlos cuando éstos prueban su inocencia (caso del legislador porteño Enrique Olivera, directamente acusado hasta por el propio presidente de la Nación) son algunas.

El gobierno actual busca eludir el espíritu de la última reforma constitucional sobre que el Consejo de la Magistratura sea capaz de expulsar por mal desempeño o designar jueces sin que la atribución quede en manos del poder político de turno. Esa propuesta kirchnerista es un paso más grave de inconstitucionalidad que justificaría los calificativos mesianismo, fascismo, regresión política o directamente primer escalón de descenso a una dictadura.

Se suma a esas otras inconstitucionales e injusticias citadas para que no suene exagerado ninguno de los calificativos que se le han imputado al gobierno. Puede vislumbrarse que un slogan de impacto en la próxima campaña para la elección de un presidente de la Nación sería «salir de la dictadura y volver a la Constitución».

Algunos sectores -particularmente el incisivo electorado porteño- se sienten menoscabados, por momentos humillados en sectores tradicionales, porque un matrimonio santacruceño que no gobernó más de 200.000 personas en su provincia sea capaz de imponerles una dictadura a 38 millones de argentinos sin tener detrás ni la Policía como refuerzo de armas a su pretensión.

Lo peor es que avancemos hacia una dictadura probable por torpezas dado que el Consejo de la Magistratura necesitaba dos reformas -no una- pero el gobierno no es capaz de seducir con razonamientos a los ciudadanos que gobierna. Con 20 miembros ese Consejo era enorme y burocrático. Con 13, como sancionó el Senado y quieren aprobar en Diputados en febrero, estaría bien. Pero no si establece que el Presidente sea el
«comandante en jefe de la Justicia», como constitucionalmente lo es de las Fuerzas Armadas. Si controla 5 de los 13 miembros puede trabar permanentemente los dos tercios que se necesitan para sacar y poner jueces, cuando no sean de su agrado. Si, además, como trascendió ayer, el gobierno quiere imponer una lista propia en el Colegio de Abogados para sumar más miembros propios en ese organismo, se acentuaría lo reprochable.

En realidad, el dominio de la Justicia por parte del poder político existió desde la Constitución alberdiana de 1853, que designaba a los jueces por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. La idea de Raúl Alfonsín, que cuajó en la reforma constitucional de 1994 pero que se reglamentó en la Ley de 1998 que
Carlos Menem cedió al Frepaso, consagró la composición actual, otorgándole a la «corporación judicial» un poder del que carecía en la Constitución histórica. Filosóficamente, aquella Carta Magna inspirada por Juan Bautista Alberdi, hacía prevalecer a los poderes electivos (Ejecutivo y Legislativo) por encima del Judicial, no electivo. Para moderar ese predominio le concedió al de los jueces algo que no les dio a los otros dos poderes: la inamovilidad, sólo interrumpida de manera muy dificultosa por el juicio político.

La experiencia del Consejo de la Magistratura acaso obliga a añorar a aquella Constitución, bajo cuyo imperio se removieron muy pocos magistrados. Pero el desequilibrio de la corrección que pretende ahora el kirchnerismo es que, además de disminuir la gravitación relativade jueces y abogados en el Consejo, identifica
«predominio de la política» con «predominio del Poder Ejecutivo». Es más por esta razón que por la disminución del poder de los magistrados y profesionales que la oposición se niega a acompañar el proyecto de la senadora Cristina Kirchner.

Debe evitarse, es cierto también, caer en la «patria judicial». No estamos en Estados Unidos. Ni en los avanzados países europeos. Aquí existe frecuentemente Justicia con espíritu corporativo. Que un monopolio como «Clarín» haya logrado del Consejo de la Magistratura la destitución de un juez federal como Roberto Marquevich, no hace mucho, por haber ordenado la detención de su directora, muestra que ese elefante con toga era también presionable. El equilibrio que asegure estrados dignos debe provenir de darles más intervención a las entidades intermedias de la sociedad y -muy fundamentalmente- que la representación política no la acapare en el futuro Consejo de la Magistratura el gobierno de turno, en este caso el kirchnerismo con neta tendencia antidemocrática.

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