Remedios: ratifican procesamiento a obra social de Camioneros

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de un proveedor de medicamentos de la obra social de los camioneros, un gerente de la Administración de Programas Especiales y de un auditor de esa prestadora de salud por "defraudación por administración infiel" al Estado.

La acusación vincula a los tres imputados en el cobro indebido de reintegros por costosos remedios contra el cáncer tras la presentación de troqueles adulterados.

La decisión de la sala II del tribunal de apelaciones recayó sobre el dueño de Droguería Urbana, Marcos Hendler, el gerente de Prestaciones de APE Hugo Solá y el auditor de la obra social Daniel Lombardero al ratificarse los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadío,.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron también los embargos de 200.000 pesos para los acusados, en base a considerar la existencia de prueba suficiente sobre el uso de troqueles falsos de "Erbitux" para percibir reintegros al menos en tres casos de pacientes de esa obra social y un cuarto que quedó en "tentativa", agrega la resolución.

La Administración de Programas Especiales se creó para asistir a las obras sociales en el financiamiento de tratamientos de alta complejidad y alto costo como trasplantes, oncología, SIDA y hemofilia con un presupuesto que en 2009 superó los 950 millones de pesos, recordó la Cámara.

Los camaristas analizaron los expedientes en base a los cuales Bonadio procesó a Hendler, dueño de "Droguería Urbana" y a los otros dos imputados y concluyó que "los cargos cuentan con suficiente respaldo probatorio como para avalar sus procesamientos".

"En el caso existió un acuerdo encubierto tendiente a generar las condiciones necesarias para disimular el cumplimiento de los recaudos exigidos y de esa forma obtener en forma ilegítima las disposiciones patrimoniales cuestionadas", consideraron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

En uno de los expedientes, la Cámara concluyó que "tanto Lombardero como Solá tuvieron una intervención esencial en un trámite que culminó en el otorgamiento de un reintegro fuera de los plazos reglamentarios y por poco menos de cincuenta mil pesos, con relación a prestaciones brindadas durante un período temporal en el que el beneficiario ya había fallecido".

"Con sólo leer el propio legajo, se podía y se puede verificar que, si alguna medicación fue provista, nunca lo fue en esa época", agregaron y advirtieron que "sin embargo nada observaron sobre esto los procesados", uno como gerente general de APE en el caso de Sola y el otro como "médico auditor" de OSCHOCA, en el caso de Lombardero, remarcaron.

En este como en los demás casos, el expediente se iniciaba con la "nota de solicitud de reintegro subsidio para alta complejidad" firmada por el presidente de la obra social camionera "la máxima autoridad de la obra social peticionante", se remarcó en el fallo.

El tribunal entendió que es "razonable" deducir que hubo "una finalidad ajena a los intereses públicos confiados" en los procedimientos "donde se constataron" las maniobras de presentación de troqueles falsos.

En el caso de Hendler, también procesado en la megacausa por medicamentos falsos que lleva el juez federal Norberto Oyarbide, la Cámara advirtió que Droguería Urbana "aparece en todos los trámites irregulares -supuestamente-´proveyendo de medicación a la obra social" de camioneros.

La Cámara remarcó una escucha telefónica donde Hendler le pidió troqueles falsos a Alexia Bergali, procesada por Oyarbide en la megacausa por medicamentos. En esa charla Hendler le requirió "19 troqueles de Erbitux chico" para la obra social de Camioneros.

El tribunal de apelaciones instó a Bonadío a proseguir la pesquisa en torno a casi dos centenares de expedientes secuestrados en APE y Camioneros para determinar si "se verifican maniobras de similar tenor".