Remoción de Branda del Central se decidirá en sólo una semana

Rodolfo Frigeri, Rubén Marín, Daniel Scioli y Jorge Capitanich ayer en la primera reunión de la Comsión que debe aconsejar a Néstor Kirchner sobre la remoción del director del BCRA, Ricardo Branda. Carlos Snopek faltó a la cita, pero votó por teléfono.

Ricardo Branda tendrá finalmente la posibilidad de presentar su defensa ante la Comisión Bicameral que analiza la recomendación que debe dar a Néstor Kirchner para que se lo remueva o no de su cargo como vicepresidente segundo y director del Banco Central, tras haber sido procesado junto a nueve ex senadores y funcionarios en la causa donde se investigan los supuestos sobornos en el Senado. Ayer, la Bicameral se reunió por primera vez y decidió citar para mañana a Branda a que presente su descargo. Pero no se espera, de todas formas, que la recomendación a Kirchner se aparte demasiado de las intenciones que los legisladores saben tiene el gobierno. Así, el próximo martes emitirán el dictamen de ese informe al Presidente.

Ayer, antes de conocer la decisión tomada en una reunión reservada de media hora por la Comisión Bicameral Especial del Congreso y ante la expectativa de que no se le dejara siguiera ejercer el derecho de defensa, Branda atacó al juez de la causa, Daniel Rafecas, y le advirtió a Kirchner que fue «mal aconsejado». «A veces a los presidentes los mal aconsejan: fíjese si le hacen tomar esta decisión y después la Justicia me da la razón y juzga que sigue intacta mi solvencia moral; lo dejan en una posición muy incómoda», dijo a radio «América».

El destino de Branda en el Central se decidirá el martes próximo, cuando la Comisión emita un dictamen.

Este proceso para remover a cualquier funcionario del Banco Central que tenga acuerdo del Senado fue introducido en el artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central en 1994 mediante una reforma impulsada por Domingo Cavallo. Contempla el pedido por parte del gobierno -o mediante una actuación de oficio de los propios legisladores, como sucedió en la remoción de Pedro Pou- de que una comisión especial liderada por el presidente del Senado, en este caso, Daniel Scioli, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados y el Senado -Carlos Snopek y Jorge Capitanich-, de Finanzas de Diputados -Rodolfo Frigeri- y de Economía del Senado - Rubén Marín-, analice la imputación hecha a un director del BCRA y recomiende al Ejecutivo qué camino seguir.

• Decreto

Ese consejo puede ser luego escuchado o no por el Presidente, quien debe finalmente firmar un decreto para tomar la decisión de removerlo de puesto.

En la interpretación que hicieron los senadores y diputados reunidos ayer -faltó Snopek pero por teléfono ratificó lo actuado por la Bicameral-, no correspondía en el reglamento de la comisión que se otorgue derecho a defensa al imputado -en este caso Branda- por no ser éste un procedimiento de juicio político. Pero como Branda pidió esa posibilidad, se le otorgó.

Es tan poco el tiempo que resta hasta la firma del dictamen -una semana, cuando en el caso de Pou la decisión tomó meses- que los legisladores no harán a tiempo a estudiar la causa judicial que originó el pedido de remoción. De todas formas, ayer decidieron pedirle a Rafecas que envíe en forma urgente el expediente que investiga el pago de sobornos en el Senado para aprobar la Ley de Reforma Laboral en el gobierno de Fernando de la Rúa, en la que fue procesado Branda, en ese entonces senador y acusado de haber recibido dinero.

El problema es que tanto Branda como los demás procesados en el caso apelaron ayer la medida del juez por lo que la causa estaba por ser enviada a la Cámara Federal, el tribunal de apelaciones de ese fuero, por lo que la velocidad que le quieren imprimir a la decisión obligará a pasar por alto algunas investigaciones.

Al mismo tiempo, en la reunión de ayer del Salón Gris del Senado, la Comisión resolvió convocar al diputado arista Adrián Pérez, que ya había presentado un pedido de destitución de Branda.

«Es necesario tener claro que no es un juicio político, sino una opinión que debe darle al Presidente la Comisión Bicameral, porque éste no es un proceso judicial ni de juicio político», dijo ayer Scioli, acostumbrado a estos avatares pseudolegales después de haber visto todos los procesos seguidos contra jueces de la Corte Suprema.