La dimisión de Sergio Maldonado a la presidencia de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), a apenas un mes de su creación, expone la fragilidad de la nueva estructura sanitaria militar y coincide con el impacto institucional generado por el suicidio de un suboficial que había denunciado falta de cobertura médica.
La dimisión de Maldonado ocurre en medio de un triste suceso, el suicidio de un suboficial del Ejército Argentino que había denunciado el abandono y la falta de cobertura sanitaria.
El presidente del directorio la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) presentó su renuncia a la conducción de la entidad a tan sólo un mes del inicio de la nueva estructura de asistencia social de los uniformados. El general de brigada (R) Sergio Maldonado, de él se trata, había adelantado su intención de dejar el organismo al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y se aguarda la confirmación formal de parte del titular de la cartera.
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Mientras Presti busca el reemplazo para un cargo que requiere de expertise y buenos contactos con el ecosistema de los prestadores de salud, tomará la posta en la transición el vicepresidente de la entidad, general de brigada (R), Omar Domínguez.
El directorio continúa con tres vocales titulares, el mencionado Domínguez más el capitán de navío (R), Gustavo Rivas, y el comodoro (R), Juan Carlos Ruíz Pringles.
La dimisión de Maldonado ocurre en medio de un triste suceso, el suicidio de un suboficial del Ejército Argentino que había denunciado el abandono y la falta de cobertura sanitaria.
El suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez se quitó la vida el 1 de mayo pasado tras denunciar el abandono de la IOSFA -ahora mutada a OSFA-, la cobertura médica a la que aportó durante 61 años.
Velázquez tuvo un intento de suicidio el 4 de marzo, se disparó con un revólver calibre 32 pero el destino quiso que ese no fuera su final. El proyectil no comprometió órganos vitales. En el primer intento de quitarse la vida dejó una carta de puño y letra en la que contaba que padecía una seria infección en sus ojos, en la nariz y la complicación en un cáncer.
En ese escrito, el suboficial del Ejército detalló que atravesaba graves problemas de salud y aseguró que la falta de cobertura médica de la obra social de las Fuerzas Armadas fue el principal motivo que lo llevó a tomar esa decisión.
El calvario de sobrellevar una enfermedad grave agotando todos los recursos posibles para pedir asistencia sin respuesta a tiempo es uno de los tantos motivos de quebranto emocional que llevaría a acciones irreparables.
El suicidio Velázquez no fue un acto individual resultado de algún padecimiento mental severo, hay un contexto multicausal con origen en la crisis financiera y de gestión de la obra social que debía protegerlo.
La tragedia, aunque ocurrió en San Juan pone la crisis de la salud castrense en el escritorio del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Javier Milei. Velázquez así lo manifestó en un video de un programa de streaming, tras el primer intento de suicidio.
La reciente solución de Milei quien en su función de Comandante en Jefe tiene la responsabilidad política y administrativa última de garantizar el bienestar psicofísico del personal militar, lo cual incluye el acceso a la asistencia médica, fue redefinir esa estructura a través del DNU 88/2026.
En esencia cambió la gobernanza eliminando la gestión exclusiva auto adjudicada a la clase política por el DNU 637/13 de Cristina Kirchner y la devolvió a los militares como era en sus orígenes. Dividió el ex IOSFA en dos entidades: una para y conducida por militares -la OSFA- y otra para las Fuerzas de Seguridad.
El deber del presidente en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) sobre la asistencia médica y la salud militar se fundamenta en un esquema normativo que va desde la Constitución Nacional, específicamente en su Artículo 99, hasta el reciente decreto de reestructuración del sistema de salud.
El 5 de febrero pasado por el decreto 88/2026 de creación de la Obra social de las FFAA (OSFA) y liquidación de la precedente, el Instituto de Obra Social de las FFAA (IOSFA) Milei impartió la orden de organizar esa nueva estructura que “permita establecer eficientemente sostenibilidad financiera, asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”, decía la norma.
OSFA salió a la luz el 1 de abril último con fondos iniciales destinados a pagar facturas anteriores de prestadores que provinieron del pago de más de 80 mil millones de pesos adeudados por las FFAA en concepto de aportes y contribuciones patronales pero la morosidad de Gendarmería y Prefectura con la obra social de más de $120 mil millones no se saldó.
La masa parcial de recursos movió el fiel recuperando la confianza en prestadores, laboratorios, droguerías y colegios de profesionales médicos a contratar servicios con la nueva OSFA, pero no alcanzó. Hubo cortes en zonas emblemáticas como Mar del Plata a poco de saldarse facturas, por caso con el HPC, hospital Privado de Comunidad.
La millonaria deuda de las fuerzas de seguridad tomó envergadura moral y ética con el trágico caso del suboficial Velázquez. Revela el desapego de las instituciones a un aspecto clave en una obra social que es la solidaridad en la financiación que se resuelve con el aporte y la contribución del empleador (Gendarmería y Prefectura) más el porcentual del haber bruto de los agentes.
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