Renunció el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

El ahora ex fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.

El fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, impulsor de muchos expedientes por presuntos casos de corrupción durante el kirchnerismo, renunció a su cargo, molesto por el recorte de sus atribuciones que dispuso el Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

Garrido dimitió con una nota de una veintena de carillas, aunque el texto no había llegado hasta esta noche a la Procuración, informaron fuentes judiciales.

En la carta, argumentó que se encuentra "limitado en las investigaciones preliminares" y no tiene "posibilidad de intervenir en el seguimiento de las causas".

Así lo confirmaron fuentes judiciales y precisaron que Garrido tiene previsto ahora dedicarse a "actividades académicas en el exterior".

En los últimos cinco años el fiscal impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, ministros y contra el matrimonio presidencial.

Entre ellas se cuentan las presuntas manipulaciones de los índices del Indec, el manejo de la publicidad oficial, el caso Skanska, la investigación contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli por la bolsa con dinero hallada en su baño y el incremento patrimonial de Néstor Kirchner.

La decisión de Righi se produjo luego de una disputa entre varios fiscales federales y Garrido por ver quién se hacía cargo de la instrucción de las causas, muchas de las que tienen como protagonistas a funcionarios kirchneristas.

Con esta resolución, Garrido sólo quedó habilitado a intervenir cuando una causa penal se iniciara a partir de una denuncia formulada por la propia FIA, y no podría actuar en los procesos que estuvieran a cargo de las fiscalías federales, lo que generó el rechazo del arco opositor.

"En el sistema concedido por la ley, entonces, los fiscales competentes para investigar los delitos de corrupción son los fiscales federales, que suman aproximadamente 85 en todo el país", señala la resolución firmada por Righi en noviembre pasado.

Sin embargo, el Gobierno no sólo consideró "acertada" sino también "necesaria e indispensable" y consideró que con la medida no se afectó la "independencia" del funcionario para investigar casos de corrupción.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la que Garrido fue designado por el Congreso en noviembre de 2003, integra la Procuración General de la Nación como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración nacional.

Se trata del personal que integra los organismos centrales, descentralizados o ente en el que el Estado tiene participación; de modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales.