19 de julio 2001 - 00:00

Resisten porteños pase de Policía sin la plata

No sabe Aníbal Ibarra si le alcanzará para defender su presupuesto, pero ya logró que la mayo-ría de los bloques porteños reclamen el traspaso de los servicios de seguridad y Justicia que presta la Nación en la Capital, con la partida de dinero para solventarlos. Incluso la bancada que sigue en número a la Alianza, el peronismo belicista que preside Jorge Argüello pidió que mañana se realice una sesión especial para afirmar esa postura mediante una declaración del cuerpo.

Ibarra
sumó en esa cruzada a diputados nacionales del peronismo, como Daniel Scioli, y al senador delarruista José María García Arecha, quien defendió las cuentas ibarristas atacando al legislador Miguel Angel Toma. Este apoyó la idea de los gobernadores del PJ de traspasar los servicios de seguridad y Justicia a la Capital sin el dinero correspondiente. García Arecha aprovechó la oportunidad, además, para esgrimir un argumento que no se anima a utilizar Ibarra: « La Ciudad tributa solidaridad millonaria a la Nación, invertimos $ 900 millones en salud y 55% de los que se atienden no son vecinos», dijo el senador en referencia a los enfermos de la provincia de Buenos Aires que se asisten en hospitales porteños.

Los gobernadores peronistas firmaron el acuerdo con el gobierno nacional en el que hablan de que se transfiera la Justicia y la Policía a la Capital, pero no aclara con qué partida presupuestaria, lo que ampliaron verbalmente: sin plata.

Igual que los diputados porteños del bloque peronista-belicista, otros legisladores como la peronista Juliana Marino, el Frente Peronista y los propios de la Alianza que resultan amplia mayoría en la Legislatura se oponen a solución. Ese consenso lo necesitará Ibarra en el momento en que se concrete la trasferencia y la Ciudad deba aceptarla mediante una ley de la cámara capitalina.

Plazo

El proceso de transferencia se terminaría recién el año próximo, al menos el de la Policía, ya que el de la Justicia es más simple para la Capital que cuenta con una ley (una de las primeras normas que sancionó apenas cobró status de Legislatura el ex Concejo en 1997) que organiza el Poder Judicial porteño.

Más allá de la discusión monetaria, al menos el Congreso debe votar la modificación o anulación de la llamada ley Cafiero que impide que la Capital cuente con Policía y Justicia propias, un trámite que aceleraba ayer el cavallista José Luis Fernández Valoni, titular de la comisión legislativa que tiene a cargo la redacción de la norma que permita el traspaso, pero que no tiene despacho todavía. Después, la Ciudad tiene que sancionar una ley que creará la denominada Policía Metropolitana y que aceptará el traspaso de agentes, funciones e infraestructura que le ceda la Nación.

Ibarra
, tal como lo hizo Fernando de la Rúa cuando era jefe de Gobierno porteño, quiere que los diputados consideren que la Capital está fuera de la Ley de Coparticipación Federal y que por eso se vería en condiciones no equitativas con el resto de las provincias si no se le transfieren los más de $ 600 millones que están en juego, cerca de 2% del presupuesto porteño.

Por otra parte, aduce que si ese costo que actualmente paga la Nación se transforma, como pide, en un índice de coparticipación no perjudica a los otros distritos, porque primero ese dinero pasaría a formar parte de los fondos a distribuir entre las provincias.

Sin embargo, ya en el Gobierno porteño están haciendo cuentas ante cualquier avance en ese sentido que signifique que la Capital tenga que disponer de más de los $ 100 millones originales que pactó con la Nación para compensar 13% de rebaja en sueldos de los policías.
Creen que Domingo Cavallo, podría, como lo hizo cuando era ministro de Economía de Carlos Menem, transferir los servicios sin presupuesto (aunque entonces la Ciudad no era autónoma y no se había modificado la Constitución que impuso las trasferencias con partidas correspondientes). En ese momento, el intendente era Carlos Grosso y recibió hospitales y escuelas nacionales de la Ciudad para hacerse cargo de sus respectivos presupuestos.

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