La consigna «que se vayan todos» representó hasta ahora un lugar común aceptable para el estado de ánimo de una sociedad contrariada hasta el hartazgo con su dirigencia política. Se comprende que sea así, sobre todo si se tiene en cuenta que a la recesión de 4 años se le sumaron el default, el aislamiento internacional, la hiperdevaluación y una ridícula pesificación. Cualquier asamblea de accionistas pretende, por usar una comparación, que se vayan los gerentes si insisten en destrozar la empresa con tanta tenacidad.
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Sin embargo, entre quienes tienen alguna responsabilidad institucional, esa fórmula comenzó a ser vista como un slogan riesgoso. Lo advirtió este diario en Tapa el miércoles y se anticipó a una corriente que se extiende. Carlos Reutemann, por ejemplo, dijo que la pretensión de una renovación en masa de todos los cargos es «una aberración». «La Constitución es sabia cuando intercala la duración de los mandatos porque evita que se elija a todos según estados de ánimo que pueden ser circunstanciales», señaló el gobernador de Santa Fe.
Carlos Menem fue más duro: «Se trataría de un golpe institucional», le dijo a este diario, en Anillaco, el martes. Como otros dirigentes que, por la jerarquía que ocupan, tienen la responsabilidad de pensar el sistema con moderación, sin dejarse llevar por emociones, Menem observó que el aprovechamiento de un estado generalizado de ira para avanzar sobre todos los cargos electivos (y sobre los que dependen de éstos, como el Poder Judicial, la conducción del Banco Central, etc.) es una imposición que sueña la izquierda para un momento que considera irrepetible para su extremismo por las condiciones excepcionales de la crisis.
Raúl Alfonsín entendió lo mismo, aunque se movió con mayor cinismo: cuando arreció mucho la pretensión de que «se vayan todos» (hasta con escraches en su domicilio de la avenida Santa Fe), decidió doblar la apuesta. Presentó en la Cámara de Senadores un proyecto en el que, además de la renovación de todos los mandatos, se promovía la reforma constitucional.
La idea de implantar en la Argentina una «dictadura de la mayoría», ya no para cambiar a los hombres sino para modificar la «estructura» económico-social, no sólo es riesgosa para el país. También es moralmente injusta y encierra un germen totalitario. Decir que «todos» los legisladores son corruptos, o que «todos» los gobernadores lo son es juzgar a un individuo por la clase o género al que pertenece. El comunismo practicó esa aberración: por ser burgués se merece la pena de muerte. También el nazismo, aunque la condena cayó en su caso sobre los judíos. En el caso de los políticos argentinos, condenarlos en masa es injusto por dos motivos. No sólo se culpa a los inocentes que queden entre ellos. Además se libera de castigo a los que son ostensiblemente responsables del colapso del país. Desde los que alentaron una bacanal de gasto público con «ñoquis», jubilaciones de privilegio y subsidios que se derivan a las obras sociales a cambio de un retorno en dinero negro para el funcionario. Llama la atención que no inauguren el uso de la nueva medicina los que más apasionadamente la proponen: sorprende que Elisa Carrió, que promovió alegremente el gobierno de la «Alianza», o Luis Zamora, predicador de la receta trotskista, no renuncien a su banca o que Néstor Kirchner y su esposa no se alejen de los cargos públicos que vienen ocupando durante toda la década.
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