Riesgosa polémica de solá sobre si pagar o no rescate

Felipe Solá hizo estallar ayer una polémica con las declaraciones a un diario en las que dijo que si la vida del secuestrado está en peligro y no hay pistas, él recomienda siempre pagar el rescate.. ¿El Estado no cuida a la gente y sus mandatarios bajan los brazos y recomiendan pagar? Es lo mismo que ceder ante las amenazas del terrorismo que busca precisamente paralizar a las sociedades, quitarles el ánimo de defender su libertad, ponerlas de rodillas ante sus enemigos. Inquietante esa afirmación de Solá, que se suma a los coqueteos sin sentido de un presidente con el cocalero Evo Morales en Bolivia, a quien ofreció apoyo para llegar al poder como si fuera un transversal del peronismo criollo.

Sean, hijo único de Tom y Kate Mullen, es secuestrado en una feria de ciencias en el Parque Central de Nueva York. Repentinamente, una familia que lo tiene todo: amor, poder, y dinero, se encuentra con las manos atadas, e impotente para actuar en contra de una banda mixta de secuestradores integrada por policías y delincuentes que piden 2 millones de dólares para entregar al chico. Cuando el FBI no logra resolver el caso, Tom Mullen decide actuar bajo sus propias reglas: anuncia en los medios que pagará el millonario rescate, pero el dinero lo cobraran sólo los que delaten a los secuestradores.

La escena pertenece a la película «El rescate» (Ransom), interpretada por Mel Gibson, pero tiene aquí en la Argentina un realismo dramático. ¿Es lícito o ilícito acceder a la extorsión de los secuestradores, sabiendo que el dinero que se cobra por un rescate servirá para sostener la logística de un nuevo secuestro? ¿Cuál es el límite de una negociación con los secuestradores? ¿Se puede aconsejar que no se pague una extorsión cuando está en riesgo la vida de un familiar? Un clásico dilema moral que baja de la teoría a la realidad dolorosa del país en medio de una ola criminal imparable.

El gobernador Felipe Solá acaba de golpear el sensible nervio de la sociedad: recomendó pagar el rescate cuando la vida de un familiar está en peligro y no hay pistas.

Para un sector de la opinión, la recomendación del mandatario bonaerense en un reportaje de ayer al diario «La Nación» fue «desafortunada» y «fuera de todos los cánones contemplados en la ley». Para otros responde a una lógica ya extendida sobre cómo actuar en este tipo de casos extremos.

Los primeros creen que la expresión del gobernador Solá «favorece al delito y equivale a una nueva percepción que demuestra que los delincuentes ganaron la calle. Es como decir: paguen y se acabó el problema».

Esa opinión la comparte Patricia Bullrich, quien consideró que los dichos de Solá abrieron las puertas para que «todos se dediquen a la industria del secuestro».

«El gobernador debe trabajar para garantizar la seguridad de la gente. No puede dar consejos que faciliten la tarea del delincuente que sabe que nada se va a hacer hasta que se pague el rescate, es obvio que todos van a ir a la industria del secuestro. Así se da por entendido que la Policía no puede hacer nada en casos de secuestros.»

Para los hombres de la Justicia el gobernador va contra derecho: «la ley, el sentido común, es darle intervención a la Policía y que los familiares estén atentos a la negociación. No se puede ir contra la Justicia».

Pero es sin embargo sobre este aspecto donde se produce el choque entre lo que debería ser y lo que es. Es decir, un gran porcentaje de la sociedad desconfía de la Policía, no hace la denuncia y hasta cree que muchos uniformados están involucrados en casos de atroces secuestros extorsivos. Por eso prefieren pagar y recuperar (aunque con gran cuota de incertidumbre) a sus seres queridos.

El ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, suele afirmar que «el valor vida es lo supremo». Por eso también señala que en la provincia de Buenos Aires «se preserva la vida por sobre las bandas».

Pero para evitar acceder a una extorsión o pagar un rescate sería necesario más que el silencio de un gobernador. Es decir, hacen falta mecanismos serios de disuasión.

•Medida preventiva

En Estados Unidos, si una persona retira una suma importante de dinero de un banco, el cajero le pregunta si es víctima de un secuestro o de una extorsión y tiene que firmar una planilla diciendo que no. Es una medida preventiva para combatir el delito extorsivo.

Son formas que impiden que se consoliden estas operaciones delictivas que después ayudan a emprender otras actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas o el terrorismo.

En Colombia, el presidente del Congreso, Germán Vargas Lleras, se apresta a impulsar una ley que cierra definitivamente las puertas al pago de secuestro. Es una ley de rango constitucional que prevé el congelamiento de las cuentas y el patrimonio de las familias para evitar que los secuestradores logren su propósito de extorsión. Una iniciativa parecida fue aprobada en 1993 y respaldada por la sociedad colombiana, sin embargo fue declarada inconstitucional.

Hace poco menos de un año, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas elaboró un informe que muestra los mecanismos que los Estados adoptan para hacer frente a este delito.

Como en el caso de Colombia, en algunos países se habían tomado iniciativas para impedir que los secuestradores obtuvieran el dinero del rescate. Por caso, en Malasia la legislación establecía una serie de disposiciones relativas a la reducción de los beneficios obtenidos mediante el secuestro, entre las que figuraba la facultad del fiscal de ordenar a cualquier banco que no efectuara ningún pago en efectivo durante un determinado período de tiempo si existía la posibilidad de que ese dinero sirviera para pagar un rescate.

También en países de Europa se han aplicado medidas para desalentar los casos de secuestros. En Italia se había previsto la congelación de los bienes de las víctimas (con la posibilidad de dispensa por parte del juez instructor para fines de investigación) para impedir el pago de rescate. Se estableció, además, un sistema de recompensa a los secuestradores que cooperaran y de castigo a los que rehusaran hacerlo.

En los Países Bajos el dinero se trata químicamente, que deja trazas que ayudan a seguir su rastro e identificar a los delincuentes. El dinero del rescate a menudo queda registrado, lo cual le permite al Banco Nacional determinar dónde y cuándo se gastaba.

La Argentina ha reconocido ante Naciones Unidas que está ante un problema complicado y salvo el agravamiento de las condenas (pena máxima de 25 años de prisión) para los que participen de este delito no ha hecho mucho más. En realidad, lo que hizo fue adaptarse a una legislación que ya es común en muchos países del mundo donde el secuestro extorsivo y la muerte de las víctimas se castigan con dureza. Pero poco se ha concentrado en la elaboración de instrumentos que los eviten. Un buen espejo para mirar es Bélgica donde existe una especialización de los servicios que se ocupan de los secuestros sencillamente porque es un factor decisivo para el éxito de una operación. Incluye negociadores preparados, apoyo psicológico, investigadores especialmente adiestrados y una estructura de mando central experimentada.