Los gobernadores de Salta, Juan Carlos Romero, y La Rioja, Angel Maza, adhirieron ayer finalmente al acuerdo federal entre Nación y provincias que instaura el nuevo reparto de fondos coparticipables y la baja del gasto en 60% para todos los distritos. Ahora sólo restan las firmas de los mandatarios de San Juan, Alfredo Avelín, y San Luis, Alicia Lemme, que aún muestran recelo con el pacto.
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Romero no había participado de la masiva firma del acuerdo realizada en la noche del miércoles en el Ministerio de Economía, pero sí había asegurado a los hombres de Eduardo Duhalde que participaron del encuentro, que rubricaría el nuevo pacto fiscal.
En tanto que Maza demoró un día más que el resto en dar el sí, porque sostiene una serie de demandas por la ayuda extraoficial que percibe la provincia y que para la cual no había acuerdo en la forma de hacerla efectiva. El riojano pretendía que le lleguen $ 189 millones en forma extrapresupuestaria, mientras que en Nación ofrecían $ 145 millones, dentro del presupuesto. Ahora resta a la administración federal cooptar a Lemme y a Avelín, quienes serán huesos duros de roer, ya que no sólo sostienen su negativa, sino que no dejan ni un instante de expresar airadas críticas y reclamos hacia la administración Duhalde.
En el caso de San Luis, el punto central que traba el acuerdo esta ligado a los u$s 247 millones que la provincia tiene dentro del «corralito» -la mayor parte en el Banco Nación-y por los cuales reclama la «no pesificación» o, en su defecto, que sean convertidos al valor que tenga el dólar tipo vendedor, en el momento de la entrega.
La gota que rebalsó el vaso fue la falta de solución al reclamo presentado esta tarde ante el presidente del Banco Central, Mario Blejer, quien le expresó que «no está la solución al alcance de sus manos», sino de una decisión del Poder Ejecutivo. De todos modos, la Corte estará dando el OK el próximo martes a un recurso de amparo presentado por los puntanos, por lo que la puja San Luis-Nación amenaza con extenderse. Caben recordar los aires independentistas que tienen en la administración puntana, donde ya han hecho público en repetidas oportunidades que «ser socios de la administración federal no les conviene».
En San Juan, el otro distrito que volvió la espalda a Duhalde, las razones parecen ser más «ideológicas» y el gobernador Avelín explicó que condiciona su firma al acuerdo a una consulta que realizará previamente en su provincia con los distintos sectores, sociales, políticos y productivos.
También es sabido que el veterano dirigente sanjuanino se ha convertido en un rebelde y constante detractor del designado gobierno de Duhalde. «La Nación no hizo un solo gesto para mejorar la situación social, pues se niega a revisar jubilaciones de privilegio, que representan $ 1.000 millones al año, y no hizo nada con los grandes evasores, que se llevan $ 30 mil millones anuales», arremetió ayer Avelín, consultado por audiciones radiales.
El mandatario sanjuanino postuló que «no acepta» 30% del impuesto al cheque, y «pediría 100% para compartir igual todo, que es lo que corresponde con las deudas provinciales que pesificaron a $ 1,40, a diferencia de lo que hicieron con las grandes empresas que le licuan las deudas en uno a uno», manifestó, para reiterar su pedido de «dar la caducidad de los poderes del Estado y convocar a elecciones en los próximos 180 días».
En lo que respecta al resto de las provincias que ya aceptaron el convite de Nación, la mayoría coincide en tildar el acuerdo como «positivo y realista», sin embargo muchos mandatarios aún dudan acerca de la suerte que correrá el nuevo pacto a la hora de plasmarse en los hechos.
