Buenos Aires - Carlos Ruckauf tiene en su despacho un proyecto de ley que le otorga «superpoderes» para expulsar, jubilar o retirar en forma compulsiva empleados públicos. El «paper» que sorteó el cepo de funcionarios y técnicos dispone la emergencia administrativa provincial y habilita a Ruckauf a reducir la planta de personal y eliminar organismos públicos.
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Ese es el costado legal: es lo que dispone la ley que, en su formato reedita la 11.184 que Eduardo Duhalde hizo regir en Buenos Aires entre 1991 y 1994. Pero el costado político es más tierno. En La Plata juran y perjuran, remozando promesas del gobernador, que ningún «empleado público perderá su trabajo». Ayer fuentes oficiales dijeron que «la voluntad política de Ruckauf es no expulsar personal» aunque, admitieron, «en términos prácticos está ley le da ese poder». De todos modos, circulan dos alternativas menos dolorosas que los despidos masivos para achicar la planta de personal: jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Ahí no termina todo. La norma dará vía libre al gobernador para trasladar personal de un área a otra, pero respetando salario y escalafón. De esta forma, resolvería una de las inequidades del aparato estatal bonaerense: la super-población de empleados en unos sectores y la falta en otros.Y también le permitirá suprimir, de un plumazo y sin pasar por la Legislatura -existe una Ley de Ministerios-oficinas, cargos y hasta ministerios. El objetivo final es avanzar con la demorada reforma del Estado para reducir el gasto administrativo y político. José Octavio Bordón fue designado para trabajar en eso. En tanto, otro grupo de ministros -Jorge Sarghini de Economía, Aníbal Fernández de Trabajo y Haroldo Lebed de Agro-agitan una segunda propuesta. Por ahora, Ruckauf avanza con los superpoderes. La ley que actúa de criptonita está en sus manos -y a la firma-para la corrección final y su posterior envío al Parlamento.
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