Salud: querella por fondos de monotributo

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) del ministerio que comanda Héctor Lombardo denunció penalmente al ex titular de la Obra Social Fedecámaras Rubén Manuel Manusovich, después de que una auditoría oficial determinó un faltante de caja que sería de alrededor de $ 2,6 millones y el presunto traspaso de fondos a cuentas particulares.

Rubén Cano, a cargo del servicio en el Ministerio de Salud, hizo la denuncia penal por presunta «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública». Y puntualizó además que Manusovich acumularía 22 causas en su contra, al margen de 4 pedidos de quiebra, un concurso y una quiebra decretada.

Hacia fines del año pasado la AFIP, por orden de la SSS, depositó en las cuentas de esta obra social, el retroactivo de abril a diciembre por los servicios que ésta tenía obligación de prestar a sus afiliados. Al parecer Fedecámaras recibió alrededor de $ 5,5 millones en su cuenta. Fue por esto el 9 de enero pasado la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la ejecución de auditorías contables y prestacionales de la obra social Fedecámaras, las que se llevaron a cabo el 24 y 25 de ese mes.

Se tomó la medida, además, ante las denuncias de quienes aseguraban estar afiliados y la ausencia de cobertura, o la prestación deficiente de ésta. Según Cano, la auditoría constató lo que sigue:

1) Faltarían libros contables básicos.

2) Una presunta inconsistencia de $ 2.623.055,23 entre lo transferido por la AFIP -de lo recaudado por el aporte destinado a la cobertura de salud de monotributistas-, y los egresos por todo concepto, de acuerdo con los documentos encontrados.

3) Faltaría documentación sobre los beneficiarios de la obra social.

4) Desconocimiento sobre la existencia de empleados de la entidad; sobre si fueron contraídas obligaciones con terceros; si existen deudores o si fueron emitidos cheques diferidos.

Frente a estos hechos y además de la denuncia penal, Cano resolvió intervenir la Obra Social Fedecámaras, designando al contador Ronald Rodríguez como delegado normalizador. Por su parte, también Manusovich denuncia penalmente a las autoridades de la Superintendencia, al delegado normalizador (que fue quien encabezó la auditoría) y a la obra social Osfentos (aguas), acusándolos de intimidación y tentativa de extorsión. En diálogo con este diario, Cano señaló que Manusovich justificó los depósitos en cuentas particulares afirmando que «se vio obligado a sacar el dinero porque lo estaban extorsionando».