El fantasma del "modelo cubano" que eriza a las prepagas y a la CGT por las obras sociales

Política

El rol cada vez mayor del IOMA, que conduce un médico militante de La Cámpora formado en la isla, despierta los mayores temores de los sindicalistas.

El temor de la CGT y las empresas de medicina privada por una supuesta avanzada estatista del Gobierno sobre el sistema de salud, motorizada por Cristina de Kirchner, tiene como emblema la administración del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el modelo sobre el que La Cámpora y sus sectores más afines dentro del Frente de Todos agitan un proyecto de reforma que transita sus primeros pasos. La mirada está puesta sobre el presidente de la entidad, Homero Giles, un médico formado en Cuba y militante kirchnerista que trabajó en 2014 y 2015 junto a Daniel Gollán y que participa de las iniciativas de ese espacio para el rediseño del esquema sanitario.

Aunque ningún borrador de proyecto esté basado en la nacionalización o expropiación de los recursos de la salud, la mera sugerencia de fortalecimiento de un actor estatal con el alegado propósito de organizar el gasto de un modo más eficiente y contrapesar al menos en parte el poderío de la industria farmacéutica eriza por igual a dirigentes de grandes sindicatos y a empresarios de las prepagas. Como repitieron los líderes de la “mesa chica” de la CGT en la reunión que mantuvieron este lunes en la sede de UPCN, el mayor temor pasa por la pérdida de “gobernanza” de sus obras sociales, el factor más constante de su poderío en el escenario político y económico.

El supuesto “modelo cubano” que la conducción de la central obrera menciona de manera recurrente como ideario de Giles en el IOMA se basa en un rol más activo en la gestión de acuerdos con los efectores de salud y, hasta ahora, en la apertura de una única clínica propia en lo que va de la gestión. El propio directivo suele contar que la clave de su presidencia hasta ahora fue la generación de contratos de exclusividad con los prestadores de modo tal de garantizarles rentabilidad a los privados a cambio de un mayor margen por parte de la obra social bonaerense para orientar los recursos.

La entidad bonaerense cuenta con más de dos millones de afiliados con un promedio de edad de 35 años. Sólo la supera el PAMI, con unos 5 millones de asociados que duplican ese rango etario. Ambas tienen como terminal política La Cámpora y como referencia en la alianza gobernante a Cristina de Kirchner. Los otros actores del sistema de salud son las obras sociales, que suman más de 15 millones de afiliados divididos en 300 firmas ligadas a sindicatos nacionales, y las prepagas (unas 700 en total), que se atribuyen 6 millones de suscriptores de los cuales sólo un millón paga la totalidad de la cuota por su cuenta y el resto lo hace a través del descuento de sus aportes en conjunto con su empleador.

Como aparente árbitro de estos protagonistas se mantiene el ministro de Salud, Ginés González García, quien retiene la confianza de Alberto Fernández y está obligado a hacer equilibrio entre la CGT y el kirchnerismo. De buen vínculo con los resortes privados de la salud, el funcionario mantiene el control de la estratégica Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo público que regula obras sociales y prepagas y que se encarga de repagarles a las prestadoras sindicales por los tratamientos de alta complejidad.

Mientras los gremios de la CGT y las prepagas miran a la vicepresidenta como su principal amenaza, los autores del borrador reformista alegan que la industria farmacéutica y los laboratorios son el mayor factor de distorsión financiera del sistema. Giles, Gollán y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, porfían en convencer a los dirigentes sindicales de la necesidad de actuar de manera coordinada para ordenar el gasto en salud en función de la demanda y no desde la oferta, como afirma el kirchnerismo que sucede desde hace décadas.

El trío alega que una mayor coordinación estatal no debería afectar a las obras sociales sindicales y ni siquiera a las prepagas sino que terminaría por fortalecerlas en sus negociaciones con los prestadores y la industria. En la CGT, en cambio, sospechan que el ala más cristinista del Gabinete nacional y sus referentes bonaerenses impulsan una versión sanitaria de la Junta Nacional de Granos que existió en la Argentina entre 1933 y 1991 y cuya mera evocación despierta los mayores temores de productores agropecuarios.

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