Un acuerdo entre el radicalismo y el gobierno en torno al conflicto por las ejecuciones hipotecarias destrabó ayer la sesión prevista para hoy en Diputados y en el Senado. Habrá decreto de mediación y ésta se hará en la Justicia y no en ministerios. Los diputados sancionarán la ley electoral y el resto del paquete comprometido en el acuerdo de Olivos. El Senado puede votar la reglamentación del CER. Pero, junto con esos proyectos, se inicia el clásico maratón de leyes de fin de año al final del período ordinario. Habrá decenas de leyes, y ambas Cámaras tienen previsto sesionar miércoles, jueves e inclusive hasta el viernes. Eduardo Duhalde confirmó ayer que se convocará a sesiones extraordinarias.
El gobierno consiguió ayer un principio de acuerdo con el radicalismo para sancionar por decreto un esquema de mediación judicial para deudores hipotecarios que permitirá sesionar hoy a la Cámara de Diputados y sancionar así la ley electoral y todo el paquete de leyes pendientes durante parte del período de sesiones ordinarias. El jefe de los diputados radicales, Horacio Pernasetti, aclaró anoche que algunos puntos quedaron pendientes de resolución. La UCR sigue reclamando que se incluyan en el sistema de mediación las deudas contraídas con entidades financieras: «Ese tema deberemos volver a tratarlo después de febrero, cuando venza el acuerdo del gobierno y los bancos para suspender ejecuciones», dijo anoche Pernasetti. Además, quieren precisar las facultades del juez en los casos en que no se arribe a un acuerdo entre acreedores y deudores, tema que podría ser tratado cuando el Congreso se disponga a ratificar por ley el decreto de mediación, algo que deberá suceder en el período de sesiones extraordinarias.
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El texto del decreto era analizado anoche por la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y sería firmado por Duhalde esta ma-ñana, después de que hiciera lo mismo la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
El acuerdo se consiguió tras haberse destrabado hoy un texto para el decreto que otorga facultades a los jueces para mediar entre deudores hipotecarios y sus acreedores, en el caso de que esa instancia sea pedida por alguna de las partes o bien lo disponga el juez de oficio. Ese acuerdo se logró en una nueva reunión; el antecedente había sido la semana pasada, que mantuvieron Jorge Matzkin y Alfredo Atanasof con diputados del justicialismo como Humberto Roggero y Omar Becerra, los radicales Pernasetti, Fortu-nato Cambareri y Noel Breard del radicalismo y representantes de partidos provinciales y del Frepaso.
El sistema, de todas formas, tiene una base voluntaria, ya que el juez deberá recibir el pe-dido para abrir la mediación y será su facultad considerar si el deudor reúne los requisitos -la garantía: ser vivienda única y familiar y de ocupación permanente-para que se decrete la mediación.
Desde el principio, los radicales amenazaron con no aportar quórum para la sesión de hoy si el gobierno no accedía a sancionar una ley que estipulara clara-mente un mecanismo tendiente a proteger a los deudores morosos que quedaron en situación de ejecución luego de que expirara el 14 de este mes el plazo de suspensión de remates.
• Mediación
Después de varios días de negociaciones, los radicales accedieron en principio a que el mecanismo fuera establecido por decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo y no por ley. Pero el gobierno cedió con su idea de que la mediación previa a una ejecución se realizara en una sede administrativa, como el Ministerio de Trabajo y el de Producción.
El procedimiento de media-ción incluido en el decreto establece:
• A pedido de alguna de las partes, o de oficio, el juez podrá, previo a la fijación de la fecha de remate, disponer por única vez la realización de audiencias de conciliación.
• A partir del momento en que el juez abra la mediación, tendrá un plazo de 30 días para llevar adelante las audiencias y, por ese término, se suspenderán los procedimientos de ejecución.
• También podrán pedir la mediación las PyMEs en los casos de ejecuciones contra bienes esenciales para su giro comercial.
• El radicalismo había propuesto un texto para encuadrar los casos de ejecuciones: «El deudor podrá solicitar la apertura de conciliación en los casos de ejecuciones judiciales o extrajudiciales que impliquen desapoderamiento de la vivienda única y de ocupación permanente del deudor.
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