Sancionarán a colectiveros por protesta

Una protesta de conductores de transporte escolar complicó otra jornada del tránsito porteño. Los colectiveros que reclamaron el miércoles fueron citados por la Justicia, que podría imponerles multas por obstruir la circulación.

Se sumó ayer a las complicaciones de tránsito de toda la semana un paro de micros y combis escolares que reclamaron al Gobierno porteño paralizando la circulación en varios puntos de la Capital Federal, especialmente en la avenida Corrientes. A eso se agregó el paro de empleados municipales que obligó al gobierno macrista a difundir un servicio de atención de emergencia en algunas dependencias como el Registro Civil y además, el cese impidió que el personal contratado de la Ciudad de Buenos Aires no pudiera cobrar sus haberes.

La semana había arrancado con una marcha de colectiveros, que ayer fueron citados por la Justicia por haber interrumpido el tránsito. Siguió el miércoles con piquetes de organizaciones kirchneristas y de la izquierda y remató ayer con los micros escolares.

Imputados

La Justicia contravencional porteña citó a declarar como imputados a cuatro representantes de las cámaras del transporte automotor de pasajeros y a un dirigente gremial del sector por los cortes de calles del miércoles, cuando cerca de seiscientos colectivos marcharon en caravana por el centro porteño hasta la sede municipal.

Los empresarios de colectivos citados fueron José Troilo, presidente de la Asociación Civil de Transporte Automotor (ACTA); Daniel Millaci, de la Cámara Empresarial de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), y Alberto Crespo y Luis Rodríguez, de la Cámara Empresarial del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA). Además, el requerimiento judicial alcanza al secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto-Carlos Fernández, según explicaron fuentes judiciales. Troilo, Milacci y Fernández deberán presentarse a declarar el próximo 17 de setiembre, mientras que Crespo y Rodríguez fueron citados para el día siguiente.

Este año ya existen, según la información procesada por la Fiscalía General de la Ciudad, 72 causas en curso por infracción al artículo 78 del Código Contravencional, que sanciona la obstrucción de la vía pública y la mitad de esos expedientes está a punto de ser elevada a juicio oral. También ya se dictaron numerosas sentencias de probation que obligaron a cumplir tareas comunitarias a personas involucradas en cortes de calles, como los sindicalistas de la construcción que debieron realizar tareas de reparación y pintura en escuelas públicas por el desorden que provocaron a comienzos de año en una jornada de protesta con piquetes sorpresivos en diferentes puntos de la Ciudad. Las multas que prevé el Código Contravencional van de $ 200 a $ 1.000 o sanciones de uno a cinco días de trabajos de utilidad pública.

La Asociación de Omnibus Escolares, Turismo y Afines (APOETA) reclamó ayer que no multen a las unidades que no se adaptan a la norma recientemente reglamentada que las obliga a cambiar las carrocerías.

Una norma establece que deben tener « salidas laterales de emergencia de 1,90 metro de lado» y los conductores reclaman que ese requisito no puede cumplirse en las combis.

Portaequipajes

Además, «en cada vehículo tiene que haber un espacio para personas con movilidad reducida y portaequipaje 'guardamochila', que en las combis reduciría la altura y no permitiría ni siquiera a los chicos estar de pie», detallaron los micreros.

En la protesta participaron unas 100 unidades que partieron a las 9 desde Parque Centenario, pero fueron detenidos por la Policía en Boulogne Sur-Mer y Corrientes. Al mediodía les permitieron seguir y se estacionaron en Carlos Pellegrini entre Bartolomé Mitre y Corrientes. Por otra parte, debido a las medidas de fuerza que realizan los empleados agrupados en Sutecba el Gobierno porteño diagramó la atención de emergencia para ayer y hoy, de modo que no habrá atención en el Registro Civil excepto para quienes tienen turnos programados. En la Dirección General de Infracciones hay una guardia para atender los casos de urgencia, para los trámites de vehículos removidos de la vía pública y no se atenderá en la Dirección General de Licencias.