Se conoció mucho antes que el ex presidente quedaba detenido

Aprimera hora del miércoles, Leonardo Aiello, el secretario privado de Fernando de la Rúa, se prodigaba en detalles: «El "Turco" va en cana, ya está decidido y será con arresto domiciliario». Aiello no fue el primero en enterarse. La noche anterior, el Presidente fue informado sobre lo que ocurriría dos días después. El encargado de proporcionarle la información fue Carlos Becerra, quien la había obtenido del tribunal de Jorge Urso. La noticia llegó retrasada al propio círculo de Menem. Carlos Corach, cuyos oídos percibían hasta el crecimiento del pasto en Tribunales, se enteró recién el miércoles por la mañana, también por boca de Becerra, del destino de su jefe. A partir de ese momento comenzó a negociarse con el juzgado el lugar de detención del ex presidente y el miércoles por la tarde la zona que rodea a la quinta de Armando Gostanian, en Don Torcuato, ya estaba bajo el monitoreo de las fuerzas de seguridad. Obviamente, Menem ya sabía, desde la noche anterior a su visita a Comodoro Py, que su destino estaba marcado. Estos datos obligan a corregir la imagen dominante de un gobierno tan ajeno a los movimientos de los juzgados que lleva ese espíritu republicano al límite del autismo político. En rigor, la realidad es bastante diferente. No sólo desde los despachos oficiales se sigue atentamente la causa que está en manos del juez Urso. Allí también se gestan impresiones diversas sobre el impacto que las decisiones de los magistrados y, sobre todo, la detención de Menem, pueden tener sobre la vida política. Como en tantas otras materias, tampoco en ésta existe unanimidad en torno a De la Rúa:

• Un sector importante del oficialismo festejó ayer el desenlace, aunque sea parcial, que tuvo la pesquisa respecto de Menem. Ese sector, en el que militan sobre todo los dirigentes delarruistas de la Capital Federal, supone que la prisión del ex presidente demuestra que en el país imperan la ley y la división de poderes. Así razonan quienes aspiran a representar al electorado porteño -hombres como Rafael Pascual o José María García Arecha-, acaso el más sensible a este tipo de seducción. Creen que, si De la Rúa consigue mantenerse al margen de cualquier histeria política (lo que está garantizado por su temperamento), la administración podrá pedir el voto del electorado de clase media urbana presentando la sentencia de Urso como un resultado de la prescindencia del poder político respecto de las decisiones judiciales. Si se lo examina un minuto, es un argumento endeble: siempre los gobiernos suelen ser generosos con la autonomía de los magistrados cuando éstos deciden encarcelar a sus opositores. En cambio esa pureza republicana se vuelve menos frecuente cuando la Justicia «viene por casa».

• Los estrategas electorales del gobierno dedican la prisión de Menem también a otro público: sus aliados del Frepaso, los adversarios en la interna radical y un sector de la prensa. Para el delarruismo más íntimo se trata de un discreto trofeo frente a Carlos Chacho Alvarez, Elisa Carrió, Federico Storani y todos aquellos que le reprocharon a De la Rúa algún pacto secreto con el PJ «para garantizar la impunidad».

• Entre los funcionarios existe otro grupo, cuyas evaluaciones si no difieren son más complejas y menos optimistas que las del anterior. Allí están el ministro del Interior, Ramón Mestre, y el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, entre otros. El desvelo de esta ala del gobierno es que, más allá de los beneficios electorales, la prisión de Menem no inaugure un clima de inconveniente tensión política. Algunos de estos funcionarios temen que la precipitación de Urso, que citó a Menem sin dejar siquiera que sus abogados leyeran la causa, puede enrarecer el clima público y concederle al riojano el argumento de la indefensión y hasta de la persecución. Otros van más allá: les preocupa que con la prisión del ex presidente se haya iniciado un proceso imposible de controlar, por el cual deban desfilar por Tribunales más funcionarios del gobierno anterior y, tal vez, algunos del actual. Y que ese proceso no esté alimentado por la vocación purificadora del Poder Judicial sino por un sentimiento de autoprotección por el cual, magistrados con imputaciones en su contra, toman funcionarios actuales o pasados como rehenes como un modo de cruzar el Jordán y, como se dice vulgarmente, "blanquearse".

• Los datos que abonan esta última presunción y que hacen fruncir el ceño del gobierno son varios. Por un lado, que puede preverse un agravamiento de todo el cuadro si a la causa que se sigue por el presunto contrabando de armas se le agrega la investigación por la voladura del arsenal militar de Río Tercero en 1995 -con 7 muertos-y se intenta concluir que este delito mayor se produjo para ocultar pruebas de aquel otro. Pero esto, en todo caso, afectaría solamente a quienes ya están sometidos al proceso actual. Otra hipótesis del gobierno es que esta misma ola envuelva también a Domingo Cavallo. Es cierto que Urso no citó al ministro en calidad de imputado pero nadie asegura que no lo haga próximamente Julio Speroni, el primero en inculpar a Erman González en la causa del contrabando de pólvora. El 12 de junio tiene que declarar en este expediente el ex viceministro de Cavallo y actual secretario de Industria, Carlos Sánchez.

• El cuadro de un gobierno que no se inmiscuye en cuestiones judiciales y que deja actuar a los magistrados aunque éstos encarcelen a dirigentes políticos (sobre todo si éstos son opositores) puede resultar atractiva para quienes piensan el futuro electoral del gobierno. ¿Pero esa tendencia seguirá siendo simpática si también roza a Cavallo cuando el país entero espera que su maniobra económica no sea interferida por nada que pueda alentar la depresión? ¿Qué sucedería si el espíritu de reivindicación profesional y moral que puede ganar a ciertos jueces comienza a contaminar con alguna tensión política el esfuerzo por la recuperación económica? ¿Seguirá siendo el mismo el prurito de independencia del oficialismo? La combinación de un cavallismo acechado y un peronismo agredido acaso no sea la que más le sirva a De la Rúa para revertir la tendencia declinante que verifica su gobierno desde que asumió la presidencia.

• Hay otra posibilidad que preocupa a quienes, dentro del oficialismo, no ven motivo alguno de festejo con la prisión de Menem. Se trata de que la acción de los jueces sobre la función pública se extienda al propio gobierno más allá del Ministerio de Economía. Aníbal Ibarra parece estar haciendo un aporte desde la Jefatura de Gobierno moviendo algunas causas que involucran a gestiones porteñas anteriores, que incluyen a la de De la Rúa. Y desde un juzgado federal se comenzó a esgrimir la tan controvertida «asociación ilícita» para acusar a funcionarios de la SIDE por hechos ocurridos durante la presidencia actual. Estas informaciones, que por la urgencia de la próxima elección pueden resultar intrascendentes para los candidatos, provocan en los funcionarios un temperamento sombrío. Porque visto desde Olivos, anoche un opositor durmió en cautiverio. Pero De la Rúa se acostó anoche en la misma cama que, hasta hace menos de dos años, usó Menem.