Se viene un nuevo escándalo Greco

Felisa Miceli

Insistirá hoy el gobierno en el Senado con otro proyecto para reglamentar las prioridades del Estado a la hora de pagar deuda que, lejos de transparentar el sistema, ratifica el peligroso procedimiento que permitió escándalos como el del caso Greco.

No es de esperar que otro pago de ese tipo -basado en un proceso judicial cuestionado y una defensa deficiente-esté en marcha, pero nadie puede afirmar que no se vuelva a repetir o haya ya sucedido en años anteriores. Simplemente porque es imposible conocer con anticipación qué deudas del listado de pasivos consolidados del Estado se están pagando y cómo llegaron esos acreedores a tener derecho a cobro.

El proyecto que hoy a las 10.30 discutirá por segunda vez la Comisión de Presupuesto y Hacienda establece un listado de prioridades de pagos de deuda consolidada a realizar con los $ 3.500 millones que fueron autorizados en el artículo 54 de la Ley de Presupuesto 2007. Allí se listan los mismos acreedores que figuraron en el fallido proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso en noviembre de 2006 para ampliar la emisión de Bonos de Consolidación en $ 1.300 millones y que terminó congelado en medio del escándalo que produjo la denuncia de los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz por haber incluido allí las órdenes de pago a favor de las familias Greco-Bassil por $ 578 millones sin identificarlas.

Justifican la necesidad Jorge Capitanich y Nicolás Fernández-, autores del proyecto, en que de esa iniciativa que el propio Miguel Pichetto debió hacer naufragar para no generar más responsabilidades penales en el gobierno, quedaron pendientes pagos que deben realizarse.

Prioridades

Para asegurarlos fijaron un orden de prioridad en los pagos que arranca con la deuda con los beneficiarios del Programa de Propiedad Participada de YPF -a quienes no se les liquidaron sus acciones-; con el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares; con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina; la ANSeS; indemnizaciones a familiares de desaparecidos, a detenidos durante la vigencia del estado de sitio en gobiernos militares y a familiares de fallecidos en el levantamiento de 1956 contra el gobierno militar.

A toda esa lista de acreedores del Estado con deuda consolidada le suma el proyecto un último rubro de «Deuda con proveedores». Es casi obvio que el gobiernono cometerá el «error» de volver a incluir en esa categoría pagos como el que se pretendió realizar al ex Grupo Greco, sin identificarlos a la hora de la autorización.

Menos cuando la investigación judicial del escándalo Greco recién comienza y no hay límite aún para definir la lista de funcionarios que podrían ser imputados en ese caso.

Pero semejante generalización sólo ayuda a mantener la oscuridad sobre los procedimientos de pago. Más cuando el artículo 3 del proyecto que se aprobará hoy en Comisión virtualmente elimina toda esa lista de prioridades al caer en el vicio mas clásico del Congreso de estos tiempos: facultar a funcionarios, en este caso Felisa Miceli, para modificar ese listado de prioridades, obviamente, sin modificar el monto total.

No se entiende, entonces, que se avance en un tema espinoso sin ajustar los detalles más complicados de un procedimiento de pagos de deuda consolidada que ha demostrado no ser transparente. A la vista del escándalo Greco sólo queda preguntar, ¿cuántos pagos se realizaron, con autorización expresa del Congreso o sin ella, sin que hubiera registro público o análisis previo del origen de esas deudas?

Morales presentó, a raíz de la causa abierta por el grupo mendocino, un proyecto de ley que establece la creación de un consejo destinado a investigar el origen de todo el listado de deuda pública consolidada pendiente de pago. Una acción de ese tipo hubiera permitido frenar, si es lo que se quería hacer, un proceso de pago como el de los Greco sin que derivara en un escándalo al ser descubierto casi por casualidad en el Senado.

No es el camino que toman ahora los senadores oficialistas -nadie puede dudar de la lealtad de Capitanich o del santacruceño Fernández-al facultar a Economía para decidir en todo ese multimillonario proceso de pagos, sin seguir siquiera el orden de prioridades del Presupuesto nacional. El peligro de otro Caso Greco, por acción u omisión, sigue estando, entonces, latente.