La comisión de Justicia del Senado recibió ayer la opinión de nuevos expositores con respecto a la novela de las mayorías para votar al nuevo procurador, es decir, el jefe de fiscales, y con el actual pliego del magistrado federal Daniel Rafecas congelado, por ahora, por el kirchnerismo.
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A la espera del informe de la comisión que creó el Gobierno para analizar la Justicia en general, el kirchnerismo recibió una cuarta iniciativa que abrazó en los últimos días, y que se suma a los tres proyectos de la oposición que utiliza el oficialismo para empujar el tema. Desde la próxima semana, incluso, podría acelerarse un dictamen.
La pata de Juntos Somos Río Negro en el Senado y exgobernador, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto que establece un plazo de cinco años de duración para el procurador general y defensor general -con una reelección-, con posibilidad de reelección por un único período consecutivo, y que las designaciones sean por una mayoría absoluta. También pretende modificar el mecanismo de remoción en ambos casos.
Durante la audiencia virtual de ayer el exprocurador general Nicolás Becerra señaló que el cargo “debe tener respaldo suficiente y consenso político adecuado para ejercer sus funciones”, y dejó claro que la “verdadera independencia” se la “otorgó el respaldo de los dos tercios del Senado”.
Por su parte, el abogado y profesor de Derecho Constitucional Roberto Gargarella adelantó que la idea de eliminar la mayoría agravada terminará en una judicialización del asunto. “Les digo a quienes presentan proyectos que afectan la independencia del Procurador que nos ahorren otra batalla constitucional que terminará en tribunales”, manifestó.
En cambio, el doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Constitucionalismo Guido Risso calificó a la Constitución argentina como “contradictoria e incompleta” y como la culpable de “generar muchísimos problemas en lugar de resolverlos”.


