Senado suspendió el debate por suba de impuestos a electrónicos

Senado de la Nación.

El kirchnerismo no logró reunir el quórum necesario en el Senado para habilitar la sesión en la que debía tratarse el proyecto que otorga beneficios fiscales a la producción de artículos electrónicos asentada en Tierra del Fuego, ante la ausencia de la oposición.

El radicalismo, el Interbloque Federal y algunos legisladores de monobloques resolvieron no bajar al recinto para tratar este tema, en tanto al oficialismo le faltaron nueve senadores, cuatro de ellos por enfermedad, aunque contaban con el apoyo de los dos aristas fueguinos.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, antes de que se levantara la sesión, pidió que haya una nueva convocatoria para el jueves de la semana próxima a la mañana, ya que el miércoles el cuerpo recibirá en sesión especial la visita del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien brindará un informe de gestión.

"Es una lástima, porque había acuerdo de todos los bloques, para otorgar un beneficio para una provincia que está en problemas", agregó Pichetto.

En tanto, en un salón anexo, la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, no podía disimular su enojo ante esta situación.

Ríos dijo que "es lamentable que los enojos personales estén por encima de los intereses del pueblo argentino", al cuestionar la actitud de los senadores de la oposición, los cuales -a su juicio- procedieron de este modo como protesta por el reciente veto parcial presidencial a la ley que eximía del pago de las retenciones a productores rurales bonaerenses en situación de emergencia agropecuaria.

Desde la oposición se admitió que esa era una de las causas, pero se indicó que además fue una acción de protesta ante lo que considerar una falta de voluntad del Gobierno en discutir en profundidad éste y otros temas.

Curiosamente, esta situación se produjo luego de que esta mañana el oficialismo consiguió el dictamen positivo de la Comisión de Presupuesto, si bien éste no era un requisito indispensable para que fuera tratado esta tarde en el recinto, pues en la pasada sesión se votó una preferencia para tratarlo hoy, con o sin dictamen.

Al kirchnerismo le faltaron nueve senadores propios, José Pampuro, Roberto Urquía, Elida Vigo, Ramon Saadi, Rubén Marín, Julio Miranda, Isabel Viudez, Adriana Bortolozzi y Roberto Ríos, los cuatro primeros de ellos con parte médico.

Estas ausencias no pudieron ser compensadas por los dos aristas de Tierra del Fuego, José Martínez y María Díaz, y el neuquino Horacio Lores, con lo cuales hubo en el recinto un máximo de 32 senadores presentes, cinco menos de los 37 necesarios.

La gobernadora Ríos dijo que ahora "habrá que esperar una semana", para contar con esta ley, aunque al ser consultada si será finalmente aprobada dijo tajantemente: "yo no confío en nada, yo trabajo por mi provincia".

Ríos agregó que de esta ley depende la continuidad de tres mil trabajadores "que están contratados, con los contratos sin renovar", a la espera de esta ley.

El bloque radical tiene una posición dividida en este tema, por lo que dejó en libertad de acción a sus integrantes, que en su mayoría votará en contra.

Uno de legisladores de esa bancada que votará afirmativamente es el santacruceño Alfredo Martínez, pese a que no está de acuerdo con este proyecto.

"Tenemos que darle una mano a Tierra del Fuego, pero habría que buscar otra herramienta", dijo el legislador sureño, y explicó que su voto positivo será para no dejar caer la actividad fabril en esa provincia.

Según Martínez, en Tierra del Fuego "hay un 40 por ciento de capacidad ociosa en otros rubros productivos", y que la ayuda habría que instrumentarla por ese lado, y cuestionó al oficialismo por no permitir un debate amplio sobre este tema.

El proyecto en cuestión aumenta los impuestos internos y eleva el IVA del 10,5 al 21 por ciento a los productos electrónicos importados, para favorecer la producción de ese sector industrial radicado en Tierra del Fuego.

La iniciativa despertó fuertes polémicas debido a la oposición de los importadores, cadenas de comercialización y representantes de provincias donde hay instaladas fábricas de ese rubro, que se consideran discriminadas.

Los opositores de esta norma la han calificado de "impuestazo tecnológico", advirtiendo que los precios de esos productos pueden aumentar en el mercado interno hasta el 34 por ciento, pero desde la otra vereda se niega que vaya a haber tal impacto, y se destaca que de este modo se salvarán miles de puestos de trabajo en la provincia más austral.