El paso del diputado lavagnista Juan José Alvarez por la SIDE durante la última dictadura no será investigado por el Congreso nacional. Ayer, fuentes de confianza del legislador kirchnerista Remo Carlotto revelaron que desde la Casa Rosada reclamaron que el tema no sea planteado por el oficialismo en la Cámara baja, a menos que el mismo Alvarez o alguien de su espacio refloten el tema.
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Carlotto, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, había sido el principal impulsor de una investigación más profunda sobre el paso del legislador del Justicialismo Nacional (ex duhaldismo opositor) por el organismo de inteligencia a principios de los 80. Tanto que el miércolespasado la sesión debió retrasarsedos horas para lograr calmar a Carlotto y convencerlo de la necesidad de acatar la orden de Néstor Kirchner: bajarle el tono a la polémica sobre los legajos y antecedentes de los diputados durante el último gobierno militar.
Pero ahora el tema ni siquiera será investigado a nivel de comisiones, como pretendía Carlotto. «La Comisión de Asuntos Constitucionales debe profundizar el tema, investigar y tomar una decisión, tenemos que ver que los mecanismos naturales de la Cámara de Diputados funcionen, hemoshecho un pedido desde que se conoció la información, para que se profundice el grado de participación que tuvo el diputado en la estructura de inteligencia durante la dictadura», había sido la posición de Carlotto hasta la semana pasada. Sin embargo, la nueva directiva emanada desde los despachos de la Casa Rosada establece que el tema no debe ser reflotado.
Advertencia
Influyó en la decisión de minimizar esta polémica la advertencia del lavagnista Eduardo Camaño, quien amagó con revelar una lista de los funcionarios y legisladores kirchneristas que habían sido empleados públicos entre 1976 y 1983.
El fin de semana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, exhortó a los dirigentes políticos a «dar respuestas por lo que cada uno ha hecho» en el pasado, pero reclamó «prudencia» en el debate público. «A veces esto se vuelve muy irracional», se quejó Fernández, quien apuntó contra «impugnaciones hechas por algún legislador de la bancada de (Juan José) Alvarez sobre Felisa Miceli o sobre Alicia Kirchner», a las que calificó de «injustas o desmedidas». Tras hacer referencia a esos casos, Fernández señaló «que alguien haya sido un empleado público no puede convertirlo en corresponsable del mayor genocidio del país».
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