Serio: indagarán a Garré por el nuevo caso armas

Nilda Garré

El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia decidió citar a la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que preste declaración indagatoria en la causa por presunto contrabando en la venta de armas a los Estados Unidos. Es un delito no excarcelable por tratarse de material bélico. El magistrado fijó el 7 de setiembre como fecha de la indagatoria a la jefa castrense.

En el mismo trámite de indagatoria se incluyó a Marcelo Bellesi, Arturo Huergo, ambos funcionarios de Fabricaciones Militares, y a la despachante de aduana Laura Andolfi. El 17 de julio pasado, Tiscornia elaboró un extenso informe con elementos suficientes como para imputar a Garré, quien se defendió públicamente aduciendo desconocer lo que era un fusil FAL.

Ironías del destino político, este gobierno que abominó del menemismo ya tiene, contando el caso de la bolsa con dinero de la ex ministra Felisa Miceli, tres encumbrados miembros sospechados de corrupción por la Justicia. Y como un calco de lo sucedido al gabinete de Carlos Menem con la triangulación de armas a Croacia y a Ecuador, la ministra de Defensa está en la mira por una causa similar.

Estallido

La bomba estalló en febrero último, cuando el titular de la Aduana, Ricardo Etchegaray, ordenó detener una exportación de componentes de fusiles FAL que había negociado la Dirección de Fabricaciones Militares (dependiente de Defensa) con la firma JLD Enterprises radicada en los Estados Unidos. El organismo fiscalizador comprobó que un embarque de 6.739 kilos de componentes de fusiles de guerra había sido declarado a un precio de 2.664 dólares, valor tan mínimo que a todas luces indicaba al menos una irregularidad. Sin embargo, el permiso de exportación fue firmado por Garré y avalado por la Comisión Interministerial integrada por la Cancillería, Economía y Defensa, cuya función es controlar las exportaciones de material sensible para evitar la proliferación de armas. El país es signatario del Convenio de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas que una vez más parecen burlados desde estructuras del Estado. Además, se descubrió que había partes de las armas con numeración falsa o no declaradas en los remitos de exportación, y otras con sus identificaciones limadas.

Con estos elementos, el juez Tiscornia comenzó la investigación que se profundizó de una simple subfacturación a una operación de contrabando agravado que vendría ejecutándose desde el período del anterior ministro de Defensa. El cargamento frenado en la Aduana era el tercero de una operación comercial por 330.000 dólares por la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP).

Demoledor

El dato demoledor que disparó la indagatoria de Garré llegó de la Aduana y Migración de los Estados Unidos. Por exhorto Tiscornia había solicitado la colaboración de la agencia norteamericana para esclarecer el monto real que se había pagado por el cargamento detenido y el destino final dado a esas partes de fusiles, así como toda la información relativa a anteriores transacciones de JLD con Fabricaciones Militares.

Con fecha 31 de julio, la US Inmigration and Customs Enforcement remitió una nota de dos carillas a Etchegaray, titular de la Aduana local, en la que se menciona que José Luis Díaz (JLD Enterprises) confirmó que el costo del cargamento actual retenido por las autoridades argentinas sería de aproximadamente 90 mil dólares. Díaz también manifestó haber pagado por adelantado por la compra de ese embarque y haber firmado contratos de compraventa de dichos artículos con algunos clientes en los Estados Unidos. La investigación de JLD Enterprises arrojó los siguientes datos: desde 1998 realizó 173 importaciones de por lo menos 24 compañías de distintos países del mundo. De esas operaciones, 34 fueron con Fabricaciones Militares (FM). El negociador habitual fue Marcelo Bellesi; y el intermediario frecuente entre Fabricaciones Militares y JLD, Luis Gallardo, quien sería presidente de la firma Elemental Guns. La agencia estadounidense avanzó también en la pesquisa de otro asunto preocupante: si entre el material vendido por Fabricaciones Militares a JLD había tubos cañón de fusiles FAL que tienen restricciones de importación establecidas por la administración norteamericana. La lupa se puso en un embarque de unos 500 cañones de fusiles que habría sido exportado por la Dirección General de Fabricaciones Militares y del que no se conocen más datos.