El gobierno no escarmienta y, a pesar de afrontar duras críticas por lo que es considerado su afán hegemónico -en estos días se ventila en todos los niveles el discutido pedido de superpoderes para modificar las partidas presupuestarias del jefe de Gabinete-, ahora quiere mejorar el sistema de escuchas telefónicas con el que opera la SIDE. «Siempre ha sido y será sólo por orden judicial», va a ser la respuesta con la que se ha salido y, seguramente, saldrán a escudarse. Pero lo concreto es que piensan mejorar esas escuchas, con sofisticadas tecnologías electrónicas que se activan en forma automática frente a determinados vocablos. No es nuevo el sistema, sino altamente perfeccionado.
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Para lograr este propósito se analiza la compra de un equipo de origen francés de una empresa privada por 23 millones de dólares. El antecedente es un equipo de origen israelí -parecido-adquirido durante la gestión de Raúl Alfonsín (1983/'89) y Facundo Suárez y Oscar Torres Avalos en la SIDE.
Esa compra estaría atada a la sanción del proyecto de ley de rendición de los gastos reservados -ley Losada, por su autor, el titular del bloque de senadores nacionales de la UCR-, que debe recibir aprobación previa en la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, antes de ser girada a las de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.
El tema es el control y regulación de los gastos reservados; un trámite que para unos se ha estancado y, para otros, cajoneado. Mario Losada, al ser consultado ayer por este diario, admitió que le pidió al senador peronista fueguino Mario Danielle, presidente de la bicameral, que fuera activado su tratamiento. «Yo pedí preferencia», dijo el legislador misionero, agregando que «Danielle me prometió que tendrá pronto despacho», aunque hasta ahora el proyecto no se ha movido, como dando la razón a quienes sostienen que está cajoneado.
Pero, además, ese control de los fondos reservados de la SIDE -clave para la compra del equipo francés-tropieza en la bicameral con tres posturas antagónicas que hasta ahora no han podido hacerse compatibles. Una, en la letra del proyecto, dice que la descripción de la documentación reservada debe preservarse por 20 años.
Hay una segunda postura -del oficialismo gobernante-que dice que esa documentación debe destruirse inmediatamente después de haber sido utilizada y conocida por la bicameral, y que en todo caso se guarden las actas. Este último aspecto genera desconfianzas en la oposición porque se teme que puedan ser fraguadas, algo que no podría ocurrir con la documentación probatoria del gasto.
Por último, y desde la UCR, se ha propuestouna tercera alternativa, que sostiene el diputado radical por Santa Fe Alberto Juan Beccani. Esa postura ha buscado un atajo a mitad de camino, proponiendo a unos y otros que documentos y actas se guarden por 10 años.
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