Suspenden aportes a partidos políticos por no cumplir con ley de financiamiento

El justicialismo, el radicalismo, el ARI y Recrear, así como distintas agrupaciones políticas menores, fueron castigados en diferentes distritos por la Justicia electoral, que determinó la suspensión de la entrega de aportes estatales.

La decisión abarcó a 700 partidos políticos en la mayoría de los distritos del país por incumplimientos a la ley que regula el financiamiento de las agrupaciones.

Según publicó hoy un matutino porteño, la Justicia determinó que distintos partidos no respetaron las exigencias requeridas para la última campaña de 2003.

La sanción afectó a nivel distrital a algunos de los principales partidos, en aquellas provincias donde mayor caudal de votos recibieron.

Así, fueron sancionados, por ejemplo, el PJ en la provincia de Buenos Aires; y el ARI y Recrear en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

El justicialismo, además de en su principal distrito, fue castigado en Chubut, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego.

El radicalismo sufrió la suspensión de aportes en Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego.

En tanto, el ARI fue sancionado en Capital Federal, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro y San Luis.

A su vez, Recrear sufrió las sanciones en Capital Federal, Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis.

Según el Ministerio del Interior, la mayoría de los partidos no cumplieron con los artículos 50, 54 y 58 de la Ley de Financiamiento de las agrupaciones políticas -referidos a la presentación de la rendición respectiva de aportes de campaña-.

En la norma se determina que los apoderados de los partidos deben presentar ante la Justicia Electoral el estado anual de su patrimonio dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada ejercicio.

Según la ley, 10 días antes de los comicios los partidos deben presentar un informe detallado de sus aportes públicos y privados.

Ese mismo informe, pero más detallado y con los datos definitivos también debe presentarse dentro de los 60 días posteriores al fin de la campaña electoral.