Suspendido jefe advierte que fallo omite a funcionarios

Aníbal Ibarra

Ibarra se recostó en el último fallo de la Justicia penal, para enviar una advertencia a sus juzgadores: «No hay funcionarios que tengan relación con la tragedia ni con el incendio ni con la muerte de las 194 personas».

La observación del alcalde tiene lógica: plantear como desacertado que la Sala Juzgadora avance en responsabilizarlo por la tragedia de Cromañón, cuando la Justicia duda en citarlo a indagatoria por el supuesto delito de homicidio culposo.

Con mayor razón cuando la Cámara del Crimen en los últimos días de diciembre bajó esa calificación para los funcionarios ibarristas, a quienes sólo acusó de presunto «incumplimiento de sus deberes» en la función pública.

En ese fallo, que ahora los asesores de Ibarra leen con atención, se resalta un párrafo sobre el cual se echará mano para evitar que el gobernante sea expulsado de su sillón por un accidente.

«Pese a que la omisión de los funcionarios haya sido un factor que concurrió casualmente a la producción de los resultados de muerte y lesiones ocurridos el 30 de diciembre de 2004, ello no alcanza para imputar ese resultado», dijeron los camaristas.

¿Si la Justicia no tiene elementos para citar a Ibarra y culparlo de un delito, puede el jefe del Gobierno porteño ser echado de su puesto? Parecería que no. Aunque sus opositores sostienen que la investigación de la Justicia corre por un carril distinto al del juicio político, donde se juzga el desempeño de un funcionario. Sin embargo, resultaría una contradicción que en la Justicia Ibarra sea absuelto de culpa y cargo y en otro tribunal sea encontrado culpable y destituido.

• Posible escándalo

Alcanzará grado de escándalo mayor si la Corte Suprema -un tribunal al que piensa acudir Ibarra- sentencia que el alcalde estuvo mal echado y lo repone en su cargo. Mirar la conformación de ese tribunal, no le vendría mal a los miembros de la Sala Juzgadora. Por caso, los peritos de la Corte ya dictaminaron que la atención del SAME en la emergencia fue correcta, y éste es uno de los ejes de la acusación de Ibarra por presunto «mal desempeño».

Tampoco es casual que un constitucionalista como Daniel Sabsay afirme con mucha seguridad que la Justicia puede «revisar» el fallo de la Legislatura porteña porque existen «serias fallas» en el trámite.

Sabsay fue más claro: «Existe debilidad institucional en el procedimiento de juicio político». Y mencionó la inexistencia de un marco legal previo ya que las normas se han ido dictando una vez que ya había sido acusado el jefe de Gobierno.

«Esto contradice el principio de legalidad de que la norma sea anterior al hecho», subrayó.

Sabsay remarcó que la Justicia «no es competente en el mérito o conveniencia» por el cual se lleva a cabo el proceso contra Ibarra, pero sí «en la revisión de los procedimientos» y reclamó que los casos de juicio político se ajusten a las normativas.

«El juicio político no debe ser utilizado desde el poder para sacar a alguien que estorba ni, desde la sociedad, en forma tan poco acorde de respetoa la legalidad», evaluó. El ibarrismo viene sosteniendo que el proceso en la Legislatura tiene vicios formales, por lo que Ibarra pedirá la nulidad de lo actuado, y acusa al macrismo de impulsar el enjuiciamiento para desplazar al funcionario de su cargo.

En ese sentido, el jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, acusó a Mauricio Macri de fomentar una «estrategia de linchamiento» contra Ibarra, y de actuar «a espaldas de las instituciones y de la gente» con ese objetivo.

La arenga de Fernández fue para reclamar a los principales referentes políticos opositores de la capital -Mauricio Macri por el PRO y Elisa Carrió por el ARI- que se pronuncien sobre el juicio político.

«Carrió y Macri deben involucrarse en el tema. No estamos discutiendo un pedido de informes o una ley menor, sino un hecho de gravedad institucional importantísimo como la destitución o no del jefe de Gobierno electo por la voluntad popular», remarcó el jefe de Gabinete.

Y agregó: «Si se reúne el número necesario para la destitución, que los referentes políticos de la oposición paguen el costo de destituir a un jefe de Gobierno cuando la mayor parte de la sociedad no está en absoluto de acuerdo con esa medida».