Jorge Rafael Videla fue procesado ayer con prisión preventiva por su participación en el denominado Plan Cóndor, una organización coordinada entre las fuerzas armadas de América latina, a las que se les adjudican presuntos secuestros y desaparición de opositores a las diversas dictaduras y regímenes democráticos que en la década del '70 gobernaron la región.
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El fallo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral dio por probada la existencia de una «una vasta organización criminal» y le embargó bienes a Videla por $ 1 millón al considerar que formó parte, como organizador, de una presunta «asociación ilícita agravada», figura prevista en el artículo 210 bis del Código Penal. La misma figura jurídica usada por el juez federal Jorge Urso para procesar a Carlos Menem.
Para el magistrado, está acreditado que el Plan Cóndor se implementó «en el Cono Sur» y estuvo dedicado «al secuestro ilegal de personas, su desaparición muerte y/ o tormento, ello sin importar los límites territoriales o nacionalidad de las víctimas».
• Acuerdo
«La acreditación surge de un acuerdo del máximo nivel político y militar de la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, todos los cuales decidieron tener su sede operativa en Santiago de Chile», indica uno de los párrafos de la extensa resolución.
Para el juez, ese «acuerdo» fue «reconocido indirectamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos» al entregarle al gobierno argentino «una copia autenticada de una comunicación» de ese país explicando «los distintos aspectos de dicha Operación Cóndor».
En ese cable el gobierno norteamericano reconoció que «la Operación Cóndor es un nombre clave para la recopilación y el intercambio sobre los llamados izquierdistas, comunistas y marxistas» y que «fue establecida entre los servicios secretos de América del Sur para eliminar las actividades marxistas».
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