También en el Senado el PJ enfrenta al gobierno

Fernando de la Rúa y Eduardo Menem.

El peronismo del Senado comenzó a desplegar ayer una estrategia doble, destinada a presionar al gobierno de Fernando de la Rúa, y, al mismo tiempo, a acotar el margen de acción de Elisa Carrió y su show de las «cajas». El PJ pidió anoche la creación de sendas comisiones parlamentarias, una para asustar a la Casa Rosada e investigar el megacanje, y la otra encargada de pesquisar supuestas maniobras de lavado de dinero, rubro en el cual tenía hasta ahora exclusividad Diputados y la delegación que encabezó la radical combativa.

Ambos proyectos del justicialismo fueron acordados por el bloque opositor que domina el Senado anteanoche y quedó bajo la responsabilidad de Eduardo Menem ponerlas en marcha desde la víspera, tal cual sucedió. En la sesión de ayer, el PJ retrocedió en el intento de imponer el tratamiento sobre tablas de la cuestión, ya que el radicalismo se negó a facilitar los 2/3 con la excusa de que no habían tenido tiempo de leer en detalles las iniciativas. El puntano Jorge Agúndez se quejó de que «hace una hora que conocí el contenido y no pude analizarlo». El peronista disidente Héctor Maya, de la bancada 17 de octubre, se mostró irónico: « Mirá que el gobierno nos pidió que le aprobáramos una pila de leyes y tampoco nos daba tiempo para reflexionar con el pretexto de la gobernabilidad y no poner palos en la rueda».

• Queja

Maya, curiosamente, apoyó la moción de Eduardo Menem, si bien se quejó de que no le habían dado representación al bloque «rebelde» que él integra en el reparto de cargos. Finalmente, la oposición logró que se aprobara una preferencia para la próxima sesión.

Los senadores decidieron plegarse a la movida «antilavado» con la excusa de que la semana pasada recibieron un anónimo que incluía el listado de clientes del banco República y del Federal Bank. El PJ apunta a tomar la iniciativa en este terreno, donde el aliancismo rebelde de Carrió y su aliado demócrata Gustavo Gutiérrez había cimentado la delantera en los medios, con más espectacularidad que sustancia.

• Objetivo

La comisión del megacanje, a todo esto, tendrá un objetivo de amplio espectro: «Investigar presuntas irregularidades con relación a las gestiones, negociaciones previas, actos administrativos, contrataciones y aprobación del canje de deuda pública y colocación de títulos públicos emitidos en pesos y otras monedas, instrumentada por el Decreto 648/ 01». En principio, el bloque iba a citar a Domingo Cavallo para que brindara explicaciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda esta misma semana. Sin embargo, desactivaron la embestida contra el ministro convencidos de que podía doblegarlos en esa discusión. Con una comisión investigadora, en cambio, tendrá 30 días para azuzar al palacio de Hacienda y la administración delarruista. Además, completan una pesquisa que se desarrolla en tres frentes.

A instancias del peronismo, la Auditoría General de la Nación ya comenzó a investigar el megacanje. El cuerpo que encabeza Rodolfo Barra tendrá menos de un mes para elevar el informe sobre el canje de deuda al juez federal Jorge Ballesteros, que investiga en Tribunales el acuerdo con los bancos por la deuda.

El juez Ballesteros comenzó a armar un expediente a partir de una denuncia del abogado radical Juan Carlos Iglesias y de algunos militantes justicialistas.

Las querellas apuntan a determinar si están fundadas las sospechas de que Cavallo y el vice de Economía cometieron, presuntamente, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Iglesias y compañía subrayan en sus demandas que los bancos privados que participaron de la operación recibieron $ 132 millones en concepto de comisiones, más otros $ 100 millones en el rubro gastos. Ballesteros reclamó a los auditores que «informen sobre los aspectos jurídicos, económicos, bursátiles y administrativos y cualquier antecedente» del megacanje. Bajo la lupa tribunalicia se ubican las secretarías de Finanzas y de Hacienda, la Oficina Nacional de Crédito Público y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.