También en manejo de dinero quitan poder a los militares

Aunque necesaria porque la actividad militar requiere reformas, la reglamentación de la Ley de Defensa que firmó ayer Néstor Kirchner no se aparta del estilo que emplea ante otras cuestiones y busca centralizar poder. El eje de esa reglamentación es quitarles autoridad a los mandos militares y eso lo revela en que desde ahora los jefes de cada fuerza no proyectarán ni discutirán con el Ministerio de Economía el Presupuesto anual de gastos. Esto queda reservado a un jefe de Estado Mayor Conjunto -una institución moderna y quizás útil como funciona en otros países- y al Ministerio de Defensa que dirá cuánto, cómo y para qué de cada partida. Es deseable que haya centurias de paz para que el país, entre otros beneficios, no tenga que pagar caro estos ensayos.

Nilda Garré

Con la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, Néstor Kirchner avanzó ayer en su ofensiva contra las Fuerzas Armadas a las que busca reducir a su mínima expresión. Luego de que el Presidente utilizó todos los actos castrenses en los que participó para estigmatizar a los militares por su actuación en los 70, ahora el gobierno unifica por decreto en el Estado Mayor Conjunto (EMC) todas las actuaciones operativas y logísticas de las tres fuerzas para ejercer un mejor control sobre ellas.

Sin embargo, la reforma militar impulsada por Kirchner no se agota en la unificación de las Fuerzas Armadas. El oficialismo planea como próximo paso quitarle al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea la potestad de definir cuáles son sus necesidades presupuestarias. Hasta ahora cada una de las fuerzas elevaba una propuesta al Ministerio de Defensa, quien a su vez la remitía a la cartera de Felisa Miceli. Pero ahora será el brigadier Jorge Chevallier, titular del EMC, quien defina los recursos presupuestarios junto con Garré. Desde Defensa argumentan que esta medida se implementará para optimizar el aprovechamiento de los medios disponibles y que no implicará una reducción de recursos. Pero en la práctica será un paso más en la reducción del poder de decisión de las tres fuerzas.

«El control político y democrático de los asuntos de las Fuerzas Armadas es fundamental para la paz y para la integración de nuestros países sobre bases institucionales sólidas y duraderas», afirmó ayer Garré en la Casa Rosada, al precisar que el objetivo del gobierno es «establecer un sistema de defensa con un gobierno civil eficiente, objetivo e integral».

Responsabilidad

Por otro lado, al anunciar formalmente la reglamentación de la norma, la ministra destacó que el decreto describe con « absoluta precisión cuál es la responsabilidad primaria de las Fuerzas Armadas, dejando afuera claramente cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior». De hecho, señaló que «las denominadas nuevas amenazas ( terrorismo, narcotráfico y crimen organizado) no son materia de responsabilidad de las Fuerzas Armadas», cuyo trabajo -indicó- «debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado».

Se remontó Garré hasta la Guerra de Malvinas para señalar que la falta de coordinación de las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor Conjunto «determinó errores militares profesionales graves» durante ese conflicto bélico.

La reglamentación de la Ley de Defensa estaba pendiente desde 1988. El decreto firmado ayer por el gobierno implicó el avance de otro casillero en el programa de reformas que tiene previsto para las Fuerzas Armadas con el objetivo de tener más control político sobre la estructura militar. «El objetivo es reestructurar los procesos de planeamiento, rediseñar el instrumento militar y establecer una nueva doctrina sobre la base del accionar conjunto», aseguró Garré.

La nueva normativa define «estrictamente» que las Fuerzas Armadas cumplirán su rol en cuanto a «la defensa nacional ante agresiones de origen externo», pero no podrán intervenir en cuestiones pertenecientes al ámbito de la « seguridad interior». Garré puntualizó que el decreto reglamentario «permite clarificar la situación de que las nuevas amenazas referidas a terrorismo, delito organizado y narcotráfico no son materia de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que están preparadas profesionalmente para otras hipótesis».

La funcionaria no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el «desinterés de la dirigencia política y de las autoridades civiles para asumirsus responsabilidades en esta materia», y enfatizó: «El presidente Kirchner ha mostrado claramente su absoluta convicción de la necesidad de ejercer las responsabilidades en forma plena».

La reglamentación de la nueva ley llega semanas después de que un grupo de militares retirados y en actividad realizaran un acto de homenaje en plaza San Martín a los uniformados asesinados durante la última dictadura, lo que provocó que el gobierno los acusara de haber «reivindicado el terrorismo de Estado». Además, seis militares en actividad que participaron del acto fueron sancionados y serían desplazados de la fuerza.

Antes de encabezar la conferencia de prensa, Garré se reunió con Kirchner para la firma del decreto que modifica la Ley 23.554, promulgada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el 26 de abril de 1988.