Taxis aéreos: indagaron a dos ejecutivos

El juez federal Claudio Bonadío tomó declaración indagatoria a otros dos empresarios por su presunta vinculación en la investigación por los viajes de funcionarios públicos en aviones privados, que tiene como implicado al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Se trata de Jorge Molina, ex director de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas, y a Carlos Colunga, director de la empresa de taxis aéreos Macair Jet.

Según informaron fuentes judiciales, Molina -que ya había declarado como testigo- fue citado a indagatoria para explicar por qué firmó un pasaje de cortesía a Brasil para Jaime, el 8 de enero de 2008.

El llamado llegó luego de algunas declaraciones periodísticas en las que Molina deslizó que el ex Secretario de Transporte hacía "sugerencias económicas" a los empresarios del sector.

Por su parte, el juez Bonadío esperaba que Colunga entregara precisiones sobre un viaje a Brasil por intermedio de la empresa Macair Jet, de la que era director.

En su declaración, Jaime dijo que ese vuelo de Macair, empresa en la que viajó junto a otros funcionarios como el también imputado ex subsecretario Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, fue hecho por cuestiones laborales y que no hubo costos.

El juez Bonadío como el fiscal Guillermo Marijuán indagarán mañana martes a Ricardo Rodríguez, de la empresa American Jet, quien tenía alquilado el avión en el que Jaime y otros funcionarios -entre los que estuvo el actual secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi- hicieron otro viaje a Brasil por cuestiones "de Estado".

Tanto Jaime como Schiavi ya declararon en la causa, al igual que otros seis empresarios (Alejandro Ventola, Gustavo Carmona, Carlos Lluch, Julián Vázquez, Javier Patoqui y Sergio Cirigliano) y el abogado Ricardo Izquierdo.

En total, son 12 los citados a indagatoria por el magistrado, entre los que se encuentran funcionarios, ex funcionarios y empresarios.

En la investigación consta que entre 2006 y 2009 se habrían pagado doce viajes que realizó Jaime junto a otros funcionarios kirchneristas, por un valor aproximado de 550 mil pesos.