Temor en la CGT ante impacto económico por el endurecimiento de la cuarentena

Política

Cruzados por la incertidumbre y la desazón los principales referentes de la CGT tienen previsto reunirse hoy para analizar el panorama socioeconómico, en particular la nueva etapa de cuarentena más estricta que pondrá en marcha el Gobierno desde el miércoles. Será, según lo previsto desde el viernes, un encuentro de la denominada “mesa chica” de la central luego de que la semana pasada quedara desactivada una convocatoria del Consejo Directivo, máximo órgano de decisiones en la organización.

Además de poner en común problemáticas de cada sector y repasar los estados contables de sus obras sociales, los gremialistas buscarán llamarle la atención a Alberto Fernández: a pesar de figurar entre las prioridades en los discursos presidenciales los sindicalistas no fueron participados de la decisión de retornar a la fase más rigurosa del aislamiento preventivo social y obligatorio, como tampoco de las medidas que diseñó el Ejecutivo para paliar la crisis económica desde que la pandemia llegó a la Argentina. El encuentro está pautado desde las 15 en la sede del gremio estatal UPCN.

Esa aparente falta de comunicación y de coordinación con la CGT se transformó en un rezongo constante en las reuniones virtuales y presenciales de la central sindical. En conversaciones reservadas los dirigentes le endilgan a esas falencias los retrocesos o frenazos que exhibió la administración de Alberto Fernández en medidas como la expropiación de Vicentin, la imposición de un aporte extraordinario por parte de las grandes fortunas, el anuncio de licencias pagas para padres y madres a cargo de hijos en edad escolar y hasta una regulación para el trabajo en aplicaciones, entre otras.

Ayer, en la previa a la “mesa chica” de hoy uno de los referentes anticipaba las complicaciones que sobrevendrán al endurecimiento de la cuarentena desde el miércoles. Es que si bien quedarán exceptuados de cumplir la cuarentena los mismos trabajadores que lo estaban en la primera etapa, a partir del 19 de marzo, otros asalariados indispensables para el desarrollo de tareas sensibles y que habían sido incorporados a las actividades con el correr de la cuarentena deberán ahora volver a sus casas. Como ejemplo mencionaba que el personal médico y de enfermería continuará con la prestación de sus tareas como desde el principio del aislamiento pero no podrían hacerlo el personal de limpieza o maestranza de los centros de salud sin internación, como geriátricos o laboratorios clínicos.

Otra inquietud de la CGT pasa por el rediseño de los subsidios Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que cubre la mitad del salario neto de las empresas en crisis con aportes estatales, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En ambos casos desde el Gobierno confirmaron la implementación de una tercera partida en los próximos días para afrontar el pago de sueldos de junio aunque los subsidios sufrirán cambios en el direccionamiento y su regionalización con vistas a aplicarlo sólo en los sitios donde las restricciones son más rigurosas (área metropolitana de Buenos Aires y Chaco, esencialmente). En este aspecto los dirigentes sindicales representan una suerte de “primera ventanilla” como lo son los intendentes a la hora de recibir reclamos de afiliados y supuestos beneficiarios de los pagos a quienes no les llega la asistencia del Estado. Hasta ahora el ATP subsidió hasta 2,5 millones de asalariados y el IFE a casi 9 millones de personas.

Un capítulo infaltable en el repaso de los jefes de la CGT es el de las obras sociales sindicales. El Gobierno les había prometido un decreto de necesidad y urgencia que compensara con aportes del Tesoro la caída de recaudación de las prestadoras (por menor actividad, suspensiones, despidos, cierres de empresas y, sobre todo, la elusión o diferimiento de contribuciones por parte de los empleadores) y hasta ahora obtuvieron, en cambio, un salvataje de recursos propios del sistema mediante un fondo de emergencia.

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